Argelia pone fin a las restricciones comerciales con España
El país africano levanta la suspensión de las las domiciliaciones bancarias para bienes y servicios desde y hacia España decretada el pasado 9 de junio
Fin de la crisis con Argelia. Casi dos meses después de que el país africano decidiera congelar todas las operaciones comerciales con España después del cambio de posición del Gobierno de Pedro Sánchez sobre el Sáhara, la Asociación Profesional de Bancos y Establecimientos Financieros (ABEF) ha anunciado el levantamiento de las restricciones.
«Tengo el honor de informarles de que, tras la evaluación de la instrucción descrita en esta carta y en consulta con los agentes del comercio exterior afectados, las medidas de precaución mencionadas ya no son necesarias», ha indicado este organismo clave en un comunicado.
El pasado 9 de junio Argelia suspendió las domiciliaciones bancarias para bienes y servicios desde y hacia España, por lo que provocó un bloqueo total del comercio, con una sola excepción: la exportación de gas argelino. Este parón, según datos de comercio exterior del Gobierno de 2019, el año previo a que la pandemia azotara a la economía mundial, podría haber costado a las empresas españolas casi 3.000 millones de euros si se hubiera alargado en el tiempo.
También se ha pronunciado al respecto el Banco de Argelia que, en otro comunicado, ha aclarado que para la domiciliación de operaciones de comercio exterior, «corresponde a los bancos intermediarios autorizados evaluar los riesgos inherentes, teniendo en cuenta en particular la calidad de las contrapartes comerciales, y fijar las medidas adecuadas para la mitigación de estos riesgos».
Crisis diplomática
Esta crisis diplomática tiene su origen en el giro de postura que adoptó el Gobierno de España sobre el Sáhara Occidental en marzo, que Argelia calificó de «injustificable». Pedro Sánchez decidió apoyar la propuesta marroquí de una autonomía dentro de Marruecos, una decisión que le costó un enfrentamiento con Unidas Podemos y la suspensión inmediata del Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación con España, firmado el 8 de octubre de 2002.
«Las autoridades españolas han emprendido una campaña para justificar la posición que han adoptado sobre el Sáhara Occidental, una violación de sus obligaciones legales, morales y políticas como poder administrador del territorio que pesan sobre el Reino de España», apuntaron entonces las autoridades argelinas.