Aragonès prepara «acciones coordinadas» contra el castellano en su Pacto por la Lengua

Pere Aragonès prepara acciones de control del castellano en el Pacto Nacional por la Lengua. El presidente de la Generalitat no quiere pasar página y ya está trabajando, según ha podido saber Economía Digital, en plasmar «acciones coordinadas» contra el castellano que se incluirán, a modo de letra pequeña, en este gran pacto que blinde jurídicamente la inmersión lingüística en Cataluña.

El Pacto Nacional por la Lengua es la siguiente medalla que quiere ponerse Aragonés tras la desobediencia al Tribunal Supremo, negándose a cumplir el 25% de clases en castellano en las escuelas de Cataluña.

Se trata de una hoja de ruta que, según las fuentes de ERC consultadas, se diseñó junto con Junts y la CUP para terminar blindando por ley la lengua catalana «independientemente de quien gobierne».

El partido de Aragonès tenía todo planeado desde el inicio, cuando arrebató a Junts la cartera de Cultura, de la que pende la Secretaría de Política Lingüística, para poder desarrollar una acción coordinada de arrinconamiento del castellano.

Así lo expresan las fuentes conocedoras y para ello y desde Presidencia de la Generalitat consideran «necesario» que el PSC y Los Comunes entren en este juego y firmen el pacto que, presumiblemente, Aragonès presentará en enero.

Sanciones por emplear el castellano

Pero, tal y como ha podido saber Economía Digital, la letra pequeña de este acuerdo también contempla «acciones coordinadas» para controlar a aquellos que osen desobedecer al Govern y empleen el castellano.

De ahí que estas semanas y a modo de prueba para defender la inmersión lingüística ya están comenzando a implantar un sistema de control contra el español. Estas acciones se suceden entre la delación a profesores, el espionaje en las aulas, la realización de encuestas a niños sin permiso paterno o la desobediencia para mantener la inmersión. Son algunas de las prácticas que desde la Generalitat quieren imponer por ley con sus correspondientes sanciones.

«La lengua catalana y la normalización lingüística son los pilares fundamentales del Govern en esta legislatura», presumen desde el partido de Aragonés. «Estamos impulsando una nueva etapa de política lingüística que tiene como objetivo la plena normalidad social de la lengua catalana», señala claramente estos días la consejera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga.

El independentismo ha encontrado en la defensa exacerbada del monolingüismo catalán un elemento de consenso para seguir alentando la confrontación con el Estado y con la Justicia; también para continuar alimentando la división social y para justificar su propia existencia ante una ciudadanía desencantada con la causa separatista y la gestión del actual Govern.

Apartar a los profesores

Las fuentes del Govern consultadas aseguran que hasta que no fabrique el consenso adecuado, es decir, hasta que no entren al trapo del separatismo el PSC y Los Comunes, y no se firme el Pacto Nacional por la Lengua, las directrices por parte de Aragonés son claras: «la Generalitat mantendrá el modelo actual» y «no dejará a los docentes solos sino que será el Govern quien asuma la responsabilidad», afirman las fuentes consultadas.

Sobre los medios de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), Aragonès ya indicó que «es necesaria una reforma para poner TV3 al día, y que ofrezca una oferta audiovisual imprescindible» que quede «blindada independientemente de quién gobierne». Otra maniobra para evitar su posible eliminación, tal y pide Vox.

 «Necesitamos dar un paso adelante para potenciar el uso social del catalán, conseguir su presencia en los medios audiovisuales, y mejorar su implantación en el sistema educativo», dijo Aragonés a finales de noviembre a modo de advertencia.

Según ha podido saber Economía Digital, el pasado 26 de octubre, el presidente de la Generalitat reunió a todos las consejerías para dar la orden de «multiplicar la acción de normalización lingüística» desde todos los flancos posibles; desde el área de Justicia, a la de Salud o Interior, pasando, obviamente, por la de Educación.

«Todos estamos trabajando ahora por que el catalán sea la lengua normal de uso del sector público y en proyectar el uso del idioma más allá de los usos internos», avanzan desde la Secretaría de Política Lingüística. También, aunque con la boca pequeña, dan a entender que los ataques y la marginalidad al castellanohablante se seguirán dando ante la mirada impertérrita del Gobierno de Pedro Sánchez.

Primero dando la orden a las universidades de elaborar listas negras de profesores que impartieran sus clases en español; después la exigencia a los centros universitarios que desde este curso elaboren informes semestrales sobre las «incidencias lingüísticas» en los «cambios de lengua»; más tarde se ha ordenado a los directores el «refuerzo de la vigilancia», no sea que se hable en castellano.

Y ahora mediante encuestas para conocer los «usos lingüísticos» de los alumnos de primaria sin el consentimiento de los padres o la presión ejercida a determinadas universidades para que los profesores en formación acaben la carrera alineados con la inmersión, conscientes de que son «modelos de lengua catalana».

Dicen que lo seguirán haciendo y de ahí la importancia de que se apruebe la Ley Audiovisual, tal y como quiere ERC, con cuota del 6% obligada a las plataformas para imponer el catalán y minar el castellano.

Mientras, el Ejecutivo central seguirá en silencio. Al menos hasta el jueves, cuando se aprueban en el Senado las enmiendas parciales a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) y Sánchez pueda presumir de sacar adelante las cuentas públicas el próximo 23 de diciembre.