Aragonès irá a Moncloa con la exigencia de que Sánchez controle a los jueces
La Generalitat impone, como línea roja, que el Gobierno entierre las causas pendientes contra el independentismo
Imagen conjunta de Pere Aragonès y Pedro Sánchez / EFE
Pedro Sánchez recibirá a Pere Aragonès, el próximo 15 de julio en Moncloa, después del acuerdo rubricado por el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y su homóloga en el Govern, la consejera Vilagrà. Bajo el pretexto del diálogo, Generalitat y Gobierno intentan recuperar una imagen de cordialidad institucional.
El ejecutivo de Pedro Sánchez apuesta por la “agenda del reencuentro”, un paquete de medidas -básicamente económicas- para aplacar las reivindicaciones políticas de la Generalitat. En el constante juego de equilibrios que Sánchez lleva realizando desde su llegada a la presidencia del Gobierno, el ejecutivo quiere contentar a Esquerra para terminar la legislatura en buenas condiciones y a la vez no dar munición a la oposición con las acusaciones de que Pedro Sánchez actúa fuera de la Constitución.
El último pacto entre Vilagrà y Bolaños, allanando el camino para los presidentes, implica activar, en los próximos meses, una carpeta muy delicada: la desjudicialización del Procés. El ejecutivo catalán quiere abordar el tema económico en foros de carácter técnico como la comisión bilateral Generalitat-Estado.
Línea roja de la Generalitat
El mensaje de la Generalitat a Moncloa es judicial. En unos días, Pere Aragonès no irá a Madrid para abordar mejoras en la financiación autonómica o corregir el déficit histórico de inversiones que se denuncia desde Cataluña. Aragonès, como gran parte del independentismo, quiere carta blanca en el ámbito judicial.
“La reconstrucción de las confianzas” y, por tanto, el éxito de las negociaciones, pasa por la presión que pueda ejercer Pedro Sánchez al poder judicial. Una carpeta caliente que ya ha provocado algún incendio en el seno del Gobierno. El ministro de Cultura y Deportes, Miquel Iceta, ha dejado abierta la posibilidad de un futuro indulto al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
Las causas pendientes del Procés
Con los principales dirigentes del Procés condenados por el Tribunal Supremo y, posteriormente, indultados por el Gobierno, la Generalitat quiere que Sánchez entierre los casos judiciales que el independentismo todavía tiene pendientes. Las principales causas son las del juzgado número 13 de Barcelona y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, principalmente por la votación del 1 de octubre.
La acción judicial va dirigida a más de 30 exaltos cargos del Govern de Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. A todos estos dirigentes, los magistrados les imputan una “participación activa en la preparación del referéndum” del 2017. Aragonès se sentará en Moncloa con la intención de que Sánchez también acabe con otro frente como el del Tribunal de Cuentas.
En el órgano fiscalizador de las cuentas públicas, el Gobierno ya ha dado un primer paso. El pasado mes de abril, por orden de la fiscal Dolores Delgado, la Fiscalía solicitó una fianza de 3,4 millones de euros para los imputados y condenados del Procés. Una cifra que representa una rebaja de un 62%, respecto a la petición inicial.
La situación de Carles Puigdemont y Marta Rovira
Pese a los intentos de Moncloa y Generalitat para situar la mesa de negociación en la órbita de los gobiernos, en voz baja, las dos partes tienen pleno conocimiento de que no habrá una resolución efectiva del conflicto en Cataluña, sin resolver casos especiales como los de Carles Puigdemont y Marta Rovira.
El independentismo más realista, encarnado en ERC, ve con buenos ojos la predisposición del Gobierno a minimizar la acción judicial del Estado. A la vez, pese a discursos conciliadores de Miquel Iceta, los republicanos son conscientes de que Sánchez no se va a mover más allá de un indulto, debido a la presión ejercida por PP y Vox.
