Aragonès evita una guerra abierta con los consejeros del ICF que han dimitido
El presidente catalán anda un mensaje conciliador a los consejeros que rechazaron el aval: "Han hecho un trabajo muy importante"
El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, durante su intervención en una sesión de control en Parlament. Foto: EFE/Quique García
La Generalitat ha evitado entrar en una confrontación directa con los tres miembros del consejo de administración de Institut Català de Finances (ICF) que han presentado su dimisión, tras la decisión del organismo de avalar la fianza de 5,4 millones de euros que pesa sobre los altos cargos del Gobierno que promocionaron el ‘procés’ en el extranjero.
La salida precipitada de los tres consejeros independientes, Francesc Casas, Mercedes Domingo y Virginia Verger, aireó las discrepancias que había en el seno de la institución pública con el desembolso del dinero que persigue evitar el embargo de los bienes personales de los 34 ex altos cargos implicados en el supuesto desvío del dinero.
Sin embargo, el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no ha querido entrar en un cuerpo a cuerpo con los consejeros críticos y ha alabado su gestión durante el mandato. A preguntas de los periodistas, solo ha querido mandar «palabras de agradecimiento por su compromiso».
«Queremos agradecer a todos la tarea llevada a cabo en cualquiera de los organismos públicos y esto vale también por diversas personas que han estado en el consejo de administración del ICF que han hecho un trabajo muy importante», ha expresado el líder de Esquerra Republicana.
Precisamente, la Generalitat quería evitar que el ICF sufragase directamente las fianzas para proteger a los funcionarios públicos de las hipotéticas responsabilidades legales que pueda acarrear la decisión de abonar los 5,4 millones. Sin embargo, la negativa de los grandes bancos españoles a sufragar la operación obligó al conseller de Economía, Jaume Giró, a dar marcha atrás.
Ahora, Aragonès ha mostrado su perfil más complaciente para no entrar en un cruce de declaraciones, cuando podrían llegar las dimisiones de otros tres miembros más del consejo de administración que ya votaron en contra de abonar la fianza y que están replanteándose si seguir en sus puestos.
Aragonès se muestra confiado en que el pago de los avales prosperará
La polémica en el seno del ICF se ha despertado en un momento en el que ni siquiera está claro que la fianza vaya a poder abonarse. El Tribunal de Cuentas se ha dado un margen de dos días para analizar si el origen del dinero es legal, ya que las multas se han impuesto a título individual.
Aragonès ha defendido que el uso del dinero público cumple con todos los requisitos establecidos, por lo que espera que en un plazo corto de tiempo se materialice. «No hay ningún motivo por el cual el Tribunal de Cuentas los tenga que rechazar», ha apuntado.
Sin embargo, el líder de Esquerra ha cuestionado el funcionamiento del organismo fiscalizador y ha acusado al Partido Popular de instrumentalizarlo mediante la elección de los vocales para hacer frente al independentismo. «Está llevando a cabo una represión política de carácter económico», ha expuesto.
El presidente catalán tampoco tiene dudas de que el Consejo de Garantías Estatutarias dará el visto bueno al decreto ley que el Gobierno elaboró para poner en marcha el fondo que permitirá pagar las fianzas. PSOE, PP y Ciudadanos han recurrido ante la institución debido a las dudas que les suscita el uso de los fondos de las arcas catalanas.
Sin embargo, Aragonès ha ensalzado la obligación de su Ejecutivo de «proteger jurídicamente» a los cargos públicos que han sufrido una «persecución que tiene un trasfondo político».
