Antifrau emplaza a Mas a castigar con prisión el incremento de patrimonio sin justificar

Las últimas semanas están siendo especialmente duras para el President Artur Mas. El caso de las escuchas, protagonizadas supuestamente por la empresa Método 3, que ha salpicado a Convergència Democràtica, y la encuesta del Centre d’Estudis d’Opinió (CEO), que ha dejado a CiU por debajo de ERC en intención de voto, han llevado a Mas a una situación en la que no puede marcar su agenda política.

Pero Mas ha buscado una reacción, y convocó hace dos semanas una reunión anticorrupción con los organismos de control de la Generalitat y los responsables judiciales que operan en Catalunya.

Y este viernes deberá culminar los trabajos realizados con un documento de propuestas y medidas concretas que llevará al Parlament.

Enriquecerse rápidamente, delito

Una de las propuestas la defenderá la Oficina Antifrau, que dirige Daniel de Alfonso. El organismo, creado durante los gobiernos del tripartido por la insistencia de Esquerra Republicana, emplazará a Mas a adoptar una legislación dura y contundente con aquellos responsables políticos que no puedan demostrar un aumento significativo de su patrimonio.

El objetivo es que puedan, incluso, recibir penas de prisión. Es decir, que sea constitutivo de delito esas transformaciones de rápido enriquecimiento, para poder sancionarlo con la cárcel.

Mas, que desea retomar la iniciativa política y paliar el desgaste sufrido con diferentes casos de corrupción, como el que puede afectar al secretario general de CiU, Oriol Pujol por el caso ITV, podría adoptar esa medida, junto a otra propuesta de Antifrau.

Ley de transparecencia “progresista”

El organismo lleva también a la reunión de este viernes, –estarán la presidenta del Parlament, el presidente del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), el Fiscal Superior de Catalunya, el Síndic Major de la Sindicatura de Comptes y el Síndic de Greuges– una propuesta de ley de transparencia “ambiciosa y de carácter progresista”.

En ella se incluye mejoras para la financiación de los partidos políticos. Y, aunque deberán ser éstos los que definan posibles acuerdos en el Parlament, Antifrau plantea que su propuesta sea una base amplia.

Todos los organismos convocados quieren que el President recoja un documento que se acabe aplicando. Mas, que improvisó al plantear esa reunión anticorrupción, muy condicionado por la posible imputación de Oriol Pujol en el caso ITV, buscará ahora liderar el proceso e impedir que no se le escape de las manos el proyecto soberanista que impulsó con las elecciones del 25N.

Exigencia a los ayuntamientos

También la Sindicatura de Comptes planteará que se respeten los compromisos y que los organismos locales, como los ayuntamientos, entreguen a su debido tiempo y en la forma exigida todos sus números.

Mas busca darle la vuelta a la reunión, después de que el resto de partidos políticos la considerara como una mera puesta en escena.

La encuesta del CEO, además de reflejar los posibles cambios electorales, sitúa como los dos grandes problemas de los catalanes el paro y la insatisfacción política. Justo en momentos de crisis, es cuando se pone en cuestión todo el entramado político e institucional. Y Mas se ha impuesto a sí mismo, según diversas fuentes, abordar esa cuestión con la máxima claridad y mantener su objetivo político de convocar para 2014 un referéndum de autodeterminación.

Reducir cargos locales remunerados

Y una de las medidas, que se enmarcan en el primer objetivo de hacer limpieza, y, también de ahorrar recursos, es el que anunció este jueves la vicepresidenta de la Generalitat y consellera de Governació, Joana Ortega: dentro de la ley de gobiernos locales, se desea suprimir “más de un millar de cargos públicos” remunerados.

Esa es una petición que, a veces, ha rayado con el populismo. Pero con una situación social muy deteriorada, el Govern ha entendido que debe simplificar las administraciones y eliminar cargos no estrictamente vitales o necesarios.

Según Ortega, la representatividad institucional a nivel comarcal se limitará al ya existente consejo de alcaldes. Con esta medida y otras incluidas en la ley, que está a punto de entregarse en el Parlament, la consellera aseguró que la administración catalana se ahorrará “entre 1.000 y 1.100 millones de euros anuales”.