Anticorrupción investigará siete contratos de mascarillas del Gobierno que denunció Ayuso
Entre otros, la Fiscalía abrirá diligencias sobre los fondos destinados a la empresa donde trabaja el marido de Nadia Calviño y a otra en la que tendrían intereses los padres de Pedro Sánchez
Las vicepresidentas Nadia Calviño y Yolanda Díaz junto al presidente Pedro Sánchez en el Consejo de Ministros. Foto: EFE/Javier Lizón
La Fiscalía Anticorrupción ha resuelto abrir este viernes un total de siete diligencias de investigación sobre otros tantos contratos, compras ayudas o adjudicaciones del Gobierno de Pedro Sánchez que fueron denunciadas el pasado mes de marzo por orden de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a través del Grupo Parlamentario Popular en la Asamblea de Madrid, como ya informó Economía Digital.
En ese escrito, la presidenta regional y su equipo instaban a la Fiscalía a indagar sobre trece contratos de urgencia por valor de 326 millones de euros firmados por el Gobierno de Pedro Sánchez durante la crisis sanitaria con motivo de la pandemia del coronavirus, de las cuales se abrirá un proceso de investigación a siete empresas presuntamente «favorecidas» por el Estado.
En concreto, la compañías que serán estudiadas por la Fiscalía Anticorrupción, según concreta un decreto firmado este viernes por el fiscal Jefe Alejandro Luzón, que llevará personalmente parte de las investigaciones, son: Industrias Plásticas Playbol, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas, FCS Select Products, Member of the Tribe, Weihai Textile Group import & export co, Hyperin grupo empresarial, y Páginas Amarillas Soluciones Sigitales, ahora Beedigital.
De hecho, el fiscal ha considerado, respecto a los contratos de mascarillas, «procedente la práctica de algunas diligencias que, sin dirigirse inicialmente contra personas físicas o jurídicas, permitan confirmar o descartar la trascendencia penal de los hechos denunciados», atendiendo «a la relevancia que tiene el recto y normal funcionamiento de la Administración Pública con sujeción al sistema de valores instaurado en la Constitución y a la indiscutible trascendencia social del contexto en que tienen lugar los hechos descritos en la denuncia».
Cabe destacar que dos de esas adjudicaciones sobre las que la Fiscalía pone ahora el foco están relacionadas con empresas de familiares del propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y de la Ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital de España, Nadia Calviño. Respecto a Sánchez, la denuncia del PP apuntaba a un posible delito de «tráfico de influencias» en la «concesión de subvenciones y ayudas» a Industrias Plasticas Playbol. Esta empresa, que habría recibió una «ayuda equivalente» a 64.959,82 euros, «estaba vinculada a los padres del presidente del Gobierno».
Por otro lado, en lo que se refiere a la también vicepresidenta del Gobierno, el escrito de los populares relataba que el Ejecutivo encomendó, siempre a través de un contrato de urgencia, la «gestión de la imagen digital y de la reputación online de la Seguridad Social» por 532.400 euros con IVA a Páginas Amarillas Soluciones Digitales (Beedigital), empresa en la que el marido de Calviño es director de marketing.
«Las resoluciones de nuestro Tribunal Supremo refuerzan la pertinencia de acordar la incoación de diligencias de investigación para esclarecer si los contratos de adquisición de material sanitario denunciados, por fallidos o fraudulentos, se ajustaron a las exigencias y garantías impuestas por la contratación administrativa», señala el decreto.
Cabe recordar, por último, que Anticorrupción lanzó una respuesta similar cuando se denunció la presunta compra de mascarillas del Gobierno de la Comunidad de Madrid a la empresa que regenta un amigo de Díaz Ayuso y su hermano, que obtuvo además un beneficio por una intermediación en la adquisición del producto. Un asunto sigue actualmente bajo investigación.
