La ANC cierra la caja de solidaridad y pide al Govern que pague al Tribunal de Cuentas
La entidad presidida por Elisenda Paluzie amenaza con una crisis de "credibilidad" si el Govern de Pere Aragonès no abona "hasta el último céntimo" de las multas
La presidenta de la ANC, Elisenda Paluzie, en la presentación de los actos de la Diada. EFE/Enric Fontcuberta
El Tribunal de Cuentas abre una nueva brecha entre el independentismo institucional y el movimiento social. El secretariado de la ANC ha exigido a la Generalitat que sea la que pague «hasta el último céntimo» de las multas que se les imponga a los líderes independentistas y reserva la caja de solidaridad para «el independentismo de base».
«La solidaridad de la sociedad civil tiene que ser la última trinchera y tiene que servir sobre todo para el independentismo de base que no tiene paraguas de una institución, partido político u organización«, explica un comunicado de la entidad presidida por Elisenda Paluzie.
La asociación independentista insiste en que es el Govern quien debe hacerse cargo de las multas, puesto que los afectados «actuaron en ejercicio de sus funciones de la Generalitat, aplicando las atribuciones y competencias que el Estatut de autonomía daba a la institución».
«Consideramos que el actual Govern de la Generalitat, en defensa de sus atribuciones y de su gente, tiene que defender y cubrir hasta el último céntimo a las personas afectadas. No hacerlo sería renunciar a la defensa de la legitimidad del Govern y de su acción y dejar desamparados a sus cargos, lo que crearía un precedente que dejaría tocada la credibilidad de la institución».
Reclamación de 5,4 millones de euros
La ANC se ha pronunciado ante la reclamación del 5,4 millones de euros del Tribunal de Cuentas contra miembros de la Generalitat por la propaganda exterior del referéndum ilegal del 1-O. El organismo ratificó el pasado miércoles la fianza exigida por la supuesta responsabilidad de 34 líderes independentistas en la desviación de fondos para financiar el ‘procés’.
La cantidad cifrada por el órgano asciende a un total de 5.422.411 euros, apenas 468 euros menos de sus estimaciones iniciales. La reclamación ya se ha incorporada en el acta de la liquidación, otorgando así un plazo de apenas 15 días hábiles a los implicados para que dispongan del dinero.
Los vocales han fijado de esta forma el plazo máximo para poder depositar la fianza de manera solidaria en el próximo 21 de julio. Si para entonces los dirigentes independentistas no han resuelto su deuda comenzarán a tramitarse los embargos de sus bienes personales.
Más, Puigdemont y Junqueras son lo más perjudicados
El resultado de los cálculos coloca al expresidente Artur Mas como supuesto responsable de la desviación de 2,8 millones de euros. Carles Puigdemont tendrá que hacer frente a un pago de 1,9 millones de euros, la misma cantidad que el líder de ERC e indultado por el Gobierno Oriol Junqueras.
La lista la completan otros altos dirigentes como el exconseller de Presidencia, Francesc Homs, (2,9 millones), la exinterventora de la Generalitat, Mireia Vidal, (3,1 millones) o el exconseller de Asuntos Exteriores, Raül Romeva, (2,1 millones), que también ha resultado beneficiados de la medida de gracia.
