Amnistía Internacional critica a España por el abandono a mayores y sanitarios en pandemia

España no sale bien parada en el informe anual de Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos ha dedicado gran parte de su informe anual a criticar la gestión política de la crisis sanitaria en distintos países. A nivel general ha calificado las respuestas de los dirigentes de “mediocres, engañosas, egoístas y falsas”, entre otros calificativos. Y en concreto, le ha leído la cartilla al Gobierno de Pedro Sánchez y los ejecutivos regionales por el abandono al personal sanitario y a los mayores de las residencias durante los primeros meses de pandemia.  

La ONG considera que la situación que vivieron los centros de la tercera edad, donde se produjo un número “desproporcionado” de muertes, supone una violación de los derechos humanos. Las estimaciones en noviembre indicaron que alrededor de 20.000 personas habían fallecido por coronavirus en geriátricos, lo que supone el 50% de los decesos totales. Así, Amnistía Internacional pone en evidencia a la clase política, cuyos protocolos de derivación a hospitales fueron “discriminatorios y violaron el derecho a la salud” en algunas regiones.  

El informe, al que ha tenido acceso Efe, critica el confinamiento indefinido de muchas personas mayores en sus habitaciones con poco o ningún contacto con sus familiares y sin una buena supervisión por la falta de personal y medidas anticovid. Las peores paradas fueron las residencias de Madrid y Cataluña, según ha indicado el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, a través de un comunicado.  

Las dos pandemias de la Sanidad: la covid y la gestión política 

No obstante, Beltrán ha resaltado la actuación del personal sanitario. «Ha sido una de las mejores muestras de humanidad que nos ha dejado el año 2020», ha asegurado. Pero las condiciones de estos trabajadores han dejado también mucho que desear, según la ONG.  

La organización ha lamentado que en el último año el sistema de atención primaria en España sufrió dos pandemias: la de la Covid-19 y la de una gestión sanitaria que ha situado este servicio público «entre el abandono y el desmantelamiento» por falta de planificación e inversión. La prueba está en los números: se contagiaron 93.000 empleados sanitarios, el 5,1% de los casos, y 89 fallecieron. 

El informe recuerda que durante las primeras semanas médicos y enfermeros enfrentaron al coronavirus sin equipos de protección individual adecuados. Las conocidas como EPIs llegaron con retraso a los hospitales, pero aún más a los centros de atención primaria o residencias. Además, el acceso a las pruebas diagnósticas fue muy limitado.  

Amnistía Internacional carga contra la policía por su actitud arbitraria 

Amnistía Internacional ha vuelto a cargar en su informe anual, como es tradición, contra la denominada ley mordaza cuyas consecuencias todavía se extendieron más en pandemia. A su juicio, los cuerpos policiales se excedieron durante el estado de alarma por el «uso excesivo y desproporcionado» de la fuerza por parte de agentes, encargados de hacer cumplir las reglas.  

El informe destaca que la actuación de la policía fue “arbitraria”. Las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del estado pusieron más de un millón de multas por saltarse el confinamiento domiciliario, según el estudio de la ONG, muchas de ellas a personas sin hogar o periodistas. No obstante, justifica que no existían criterios claros a la hora de ejercer las funciones.  

Además, en un apartado dedicado a la libertad de expresión y reunión, también hay hueco para los presos del procès. Amnistía Internacional denuncia, como ya ha hecho en varias ocasiones, que los independentistas Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sigan en prisión tras haber sido condenados por sedición. 

Condiciones «inhumanas» para los inmigrantes  

El documento también hace referencia a la inmigración. Al respecto, aplaude la gestión política, que vació los centros de internamiento de migrantes en los primeros meses del estado de alarma, después reabiertos.  

Pero, por otro lado, critica las condiciones «inhumanas» que vivieron muchas personas que llegaron a las islas Canarias. Las llegadas aumentaron un 757%, según Amnistía Internacional, lo que provocó un desbordamiento de los servicios sociales y se produjeron expulsiones sin respetarse las garantías legales. 
 
«Hubo personas migrantes y solicitantes de asilo que continuaron viviendo en centros de acogida soportando condiciones de hacinamiento y sin protección adecuada frente a la Covid-19», alerta la organización, que señala especialmente a Melilla como uno de los territorios que más sufrió en este aspecto.