Algo falla

Quienes inspiraron el proyecto comunitario europeo no deben de salir de su asombro viendo las consecuencias que ha tenido su arquitectura institucional. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha contrariado este jueves al Tribunal Supremo (TS) al sentenciar que Oriol Junqueras debió salir de prisión al ser escogido eurodiputado, una decisión que no sólo significa una grave desautorización hacia el sistema jurídico español —uno de los más garantistas del mundo occidental—, sino que pone en crisis el propio sentido de la integración europea.

Ninguno de los dirigentes españoles que promovieron el proyecto comunitario lo concibió para que España perdiera la autoridad, ni política ni judicial, en la defensa de su integridad territorial. Hoy, los dirigentes separatistas que perpetraron el más grave desafío contra la Constitución, quienes aprobaron una declaración de independencia en el Parlament de Cataluña y quienes fueron condenados por todo ello por delitos de malversación y sedición celebran desacomplejadamente la decisión del TJUE, que ha abierto de par en par la vía de la inmunidad sin importarle los procedimientos perfectamente reglados en las leyes españolas.

Pocos países, acaso ninguno, se ha mostrado tan europeísta como España desde que se integró en la Unión Europea. Nuestro país vio en el proyecto europeo la oportunidad de modernizarse y, sobre todo, de integrarse en un mercado único en el cual los ciudadanos, los bienes, los servicios y los capitales pudieran circular libremente. Lo que nunca contempló es que su irreversible pérdida de soberanía serviría para que sus delincuentes hallaran refugio más allá de sus fronteras nacionales.

El fracaso de la cooperación

España ha sido un socio leal de las instituciones europeas desde que se sometió a las normas comunes. Cabe decir, en rigor, que el Europarlamento y la Comisión Europea han actuado en justa correspondencia en la mayoría de ocasiones.  Así hay que entender, por ejemplo, la reciente decisión del Parlamento europeo de escoger al eurodiputado del PP Javier Zarzalejos para redactar una revisión de la euroorden de detención y entrega, el principal instrumento de cooperación judicial de la UE contra la delincuencia.

Un sistema que Carles Puigdemont ha burlado con insultante facilidad, instalándose con todo tipo de comodidades en Waterloo (Bélgica) y paseándose por varios países europeos sin nada que temer. Un fugado de la justicia española despreciando a diario la democracia de nuestro país sin que ningún juez europeo ordene su arresto y extradición pese a la demanda de nuestros jueces.

La cooperación judicial y, sobre todo, la confianza entre los sistemas judiciales de los estados miembros de la Unión Europea ha fracasado estrepitosamente. Hoy, los eurófobos que anidan en España se han cargado de argumentos para su causa. En cambio, los europeístas no sólo se preguntan si algo falla, sino si lo que falla tiene remedio.