Alberto Rodríguez vuelve a su puesto como obrero industrial tras la pérdida de su escaño

Alberto Rodríguez ha dado un paso a un lado de forma definitiva en su carrera política tras su inhabilitación. El exdiputado de Unidas Podemos ha solicitado su reingreso en su puesto como obrero industrial, después de que la Mesa del Congreso le obligase a abandonar su escaño, como consecuencia de la condena que recibió por agredir a un agente de la Policía Nacional.

El mensaje del que fuera secretario de Organización de la formación morada aventura el fin de su carrera política institucional, después de seis años integrando el partido. «Nunca he concebido la representación política como una forma de permanecer individualmente a toda costa», ha afirmado ahora.

«Hubiera sido relativamente sencillo prolongar la etapa usando los contactos establecidos en la actividad política o presionando para acceder a determinados puestos, pero no es mi estilo. Creo que la política institucional debe ser otra cosa», ha explicado en un mensaje difundido a través de su cuenta de Facebook.

Rodríguez, que ya decidió darse de baja de Unidas Podemos tras su inhabilitación, regresará a Canarias, después de su periplo como representante en el Parlamento que se cerró con su abrupta salida por la sentencia del Tribunal Supremo. «Algunos de los derechos que hoy figuran en el BOE tienen los granitos de arena que aportamos con ese trabajo colectivo», ha celebrado.

Alberto Rodríguez anuncia una batalla judicial tras la sentencia

Aunque ya no vaya a formar parte de la política en activo, el exdiputado sí que ha comunicado que continuará con sus reclamaciones judiciales para intentar que los tribunales le den la razón tras la retirada de su escaño. «Ahora mismo mi prioridad número uno es revertir la cadena de tropelías e injusticias que han cometido conmigo y con las personas que me votaron para que fuera su voz en el parlamento», ha afirmado.

Su caso ha provocado un fuerte enfrentamiento en la clase política. Inicialmente, tanto el Partido Socialista como Unidas Podemos bloquearon en la Mesa del Congreso su salida de la cámara porque consideraban que la condena por atentado contra la autoridad no era motivo suficiente para proceder a su inhabilitación. Fue sentenciado a 45 días de prisión, aunque se le permitió conmutarlos por una multa económica.

Una nueva aclaración del juez Manuel Marchena terminó por llevar a la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, a acordar su salida. Algo que el diputado está dispuesto a denunciar incluso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo.

«No voy a escatimar esfuerzos y usaré todos los recursos legales a mi disposición (económicos también por supuesto) en esta tarea», ha reafirmado.