Aguirre y Cifuentes, imputadas por la financiación del PP madrileño
El juez también ha imputado a Ignacio González, al expresidente de Indra Javier Monzón y a la propia empresa por la Caja B del PP
Los expresidentes madrileños Esperanza Aguirre, Cristina Cifuentes e Ignacio González, así como la empresa Indra, su expresidente Javier Monzón y varios exconsejeros madrileños se sentarán en el banquillo las próximas semanas. El juez del Caso Púnica, de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, los ha citado como investigados por presuntos delitos de corrupción vinculados a la financiación irregular de campañas electorales del PP de Madrid.
El juez del caso Púnica ha aceptado así la petición de la Fiscalía Anticorrupción y ha emplazado a Cifuentes el día 1 de octubre y a Aguirre el día 18 del mismo mes para que comparezcan en la Audiencia Nacional en calidad de investigadas.
Cita a otros nuevos imputados en esta pieza como el también expresidente regional Ignacio González (citado el 17), los exconsejeros madrileños Juan José Güemes y Manuel Lamela (el día 14) y Borja Sarasola (el día 1 junto con Cifuentes).
En la pieza número 9 se investiga la posible financiación irregular de campañas del PP madrileño con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra (imputada también junto a su expresidente Javier Monzón -ahora presidente no ejecutivo de Prisa– y que tendrán que declarar el día 4) o mediante la fundación Fundescam, entre otros mecanismos.
Aguirre jugaba «un papel decisivo y esencial» en la presunta financiación irregular
El juez del caso Púnica atribuye a la expresidenta madrileña Esperanza Aguirre «un papel decisivo y esencial» en la presunta financiación irregular del PP de Madrid, hasta el punto que sospecha que fue quien «ideó la búsqueda de recursos» para costear las campañas que ella elegía.
Según el auto de imputación de Aguirre, el PP de Madrid financió «de forma opaca y fraudulenta» las campañas electorales autonómicas del 2007 y 2011 y las generales de 2008 «ocultando» el «verdadero coste» de las mismas y su financiación, «eludiendo de forma continuada y bajo un mismo patrón de actuación» las obligaciones de la Ley Electoral.
Además de a Aguirre, el juez también atribuye «un papel decisivo y esencial» a los que fueran sus más estrechos colaboradores: Ignacio González y Francisco Granados, y el exgerente del PP de Madrid Beltrán Gutiérrez.
Respuesta a la petición de Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción había solicitado el pasado 2 de agosto la imputación de los tres expresidentes madrileños en la pieza sobre la presunta financiación ilegal del PP de Madrid. Anticorrupción solicitó que se citara a las dos como investigadas en el macrosumario sobre presunta corrupción en la Comunidad de Madrid. El Ministerio Público pedía que, además de las dos expresidentas, también se citara como investigado a la emrpesa Indra y a su expresidente Javier Monzón (ahora presidente de Prisa).
En el caso de Aguirre se sospecha que pudo haber ordenado o consentido la financiación irregular del partido con dinero de empresas que resultaban adjudicatarias de contratos públicos como Indra, entre otros mecanismos.
Su petición se basa, entre otras cosas, en el último informe de la UCO de la Guardia Civil que concluye que Indra financió con 566.497 euros la campaña electoral de 2011 de Aguirre a través de una serie de pagos camuflados y la sitúa en reuniones donde se pudo hablar de ese tema.
En el caso de Cifuentes, se sospecha de su papel en la financiación irregular porque participó en mesas de contratación supuestamente amañadas y por su calidad de patrona de la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam), a través de la que se sospecha que se desvió dinero.
De hecho, la Guardia Civil sugirió en 2017 en un informe que se la investigara por posibles delitos de cohecho y prevaricación en la adjudicación de los contratos de la cafetería de la Asamblea de Madrid de 2009 y 2011, cuando era presidenta de la mesa de contratación, a favor del grupo Cantoblanco, presidido por Arturo Fernández, que a su vez había donado al PP 160.000 euros a través de Fundescam.
