Agricultores y ganaderos amenazan al Gobierno con manifestarse en septiembre

Se habla siempre de la batalla que mantiene el Gobierno con las comunidades autónomas por el reparto de la financiación o por el nuevo modelo de fiscalidad, que ya trae de cabeza a los territorios. Pero, de cara a septiembre, al Ejecutivo le espera otra gran ‘guerra’ entre comunidades que ya amenazan con volver a manifestarse si no se llega a un punto de consenso que contente a todos antes de remitirlo a Bruselas.

El Plan Estratégico Nacional de la Política Agraria Común (PAC) debe enviarse a Bruselas antes del 31 de diciembre y que la Comisión Europea le dé el visto bueno durante el primer semestre de 2022.

Con un presupuesto cercano a un tercio del total de la UE (386.000 millones de euros del marco financiero plurianual para el periodo 2021-2027), la PAC se ha propuesto equilibrar el compromiso climático con el resto de sus objetivos tradicionales sin contar nunca con el consenso de todas las partes.

El ministro Luis Planas admite que existe una «distancia sideral» entre la propuesta base que presentó el Gobierno en julio y la postura que mantienen los distintos territorios. Pero «hay que llegar a una posición única para principios de otoño», señalan fuentes del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Los agricultores y ganaderos ya salieron a la calle con sus tractores los meses anteriores de llegar la Covid a España. Las ayudas de la PAC siempre han centrado las protestas y este año, donde además ha cambiado el modelo de reforma para el periodo 2023-2027, la tensión sigue en aumento porque «no contenta a nadie», señalan a Economía Digital las principales organizaciones y cooperativas de agricultores y ganaderos.

La letra pequeña de la PAC

El nuevo modelo acordado por las instituciones europeas contiene provisiones para afrontar tanto los problemas de tipo ambiental (como las emisiones de gases contaminantes o la pérdida de biodiversidad) como los socioeconómicos (como la inequidad de ingresos o la despoblación rural).

Las cooperativas y organizaciones agrarias critican que, a pesar de las diversas condiciones ambientales y sociales que los agricultores deben cumplir para acceder a los pagos directos, la reforma está plagada de letra pequeña, excepciones y alternativas.

Por ejemplo, las prácticas ecológicas que deben seguir quienes deseen recibir los fondos que las recompensan no están homogeneizadas en toda la UE, dando así lugar a lo que denominan como «dumping verde», una competencia desleal que beneficia a quienes imponen estándares más laxos.

Los agricultores y ganadores recuerdan el informe del Tribunal de Cuentas Europeo que ha puesto negro sobre blanco a estas políticas asegurando que los más 100.000 millones de euros dedicados entre 2014 y 2020 a reducir el cambio climático a través de la PAC tuvieron un impacto nulo a la hora de reducir las emisiones de efecto invernadero.

La disputa con Planas

El ministro Luis Planas aprobó un programa base para reunir a todos los territorios en dos conferencias sectoriales para tratar los aspectos técnicos y continuar con otra reunión a finales de septiembre-principios de octubre.

La mayor dificultad que se da, según las asociaciones agrarias consultadas, se centra en los denominados ecoesquemas, es decir los exigentes requisitos medioambientales a los que están obligados los agricultores y ganaderos para luchar en sus producciones contra el cambio climático. De hecho, las ayudas directas están condicionadas nada y nada menos que en el 25% del total (1.200 millones de euros anuales en juego).

El Gobierno propone que si no ponen en marcha modelos de producción más ecológicos, con medidas climáticas concretas, se verán obligados a devolver este porcentaje, teniendo, eso sí, dos años iniciales de aprendizaje, el 2023 y el 2024. Sin embargo, este parámetro no se pudo aprobar en las reuniones anteriores porque las CCAA pusieron el grito en el cielo al ministro mostrando su total desacuerdo.

Ahora y según ha podido saber ED, los técnicos del Ministerio se encuentran diseñando un parámetro lo más adecuado y asequible al agricultor y ganadero medio español con el objetivo de salvar estos requisitos que dificulta su puesta en marcha, en especial a los de explotaciones más bajas, donde la rentabilidad es menor, y por tanto no pueden afrontar altas inversiones para aplicar estos parámetros medioambientales y elaborar productos ecológicos.

El apoyo a tiempo parcial

La otra gran disputa que se encuentra encima de la mesa es la decisión del Gobierno de apoyar con gran cuantía de las ayudas a los agricultores y ganaderos a tiempo parcial, en detrimento de apoyar al agricultor y ganadero profesional, que lleva viviendo de ello toda su vida.

Para ello, el Ministerio realiza una definición de agricultor activo o genuino, que es el que tiene derecho a percibir las ayudas de la PAC, y aquí es donde se ha optado por mantener el apoyo, incluso aumentarlo, para los agricultores y ganaderos a tiempo parcial, que tienen su principal fuente de ingresos en otras actividades diferentes a la agraria.

Las cooperativas que están en contra lo tienen claro y explican que el criterio que Planas está siguiendo se ampara en el número de agricultores profesionales, que es cada vez menor y por lo tanto su peso medido en términos de votos no deja de bajar. Mientras que el de agricultores y ganaderos a tiempo parcial no hace más que aumentar, por lo que reducir o suprimir sus ayudas terminaría reflejándose en los resultados en las urnas.

Sin embargo, para el secretario general de la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG), Miguel Blanco, cerca de 250.000 perceptores de la PAC, cuya actividad agraria es insignificante (menos del 10% de sus ingresos totales) además de la ayuda básica reconocida, también tendrán acceso a estas ayudas sin que éstas se prioricen para los profesionales. «Se pierde el verdadero espíritu profesional que vive exclusivamente de su trabajo por aquellos falsos y absentistas que viven de otras cosas ajenas al sector», esgrime.

COAG, por ejemplo, ha solicitado a Planas que negocie con Bruselas que solo aquellos cotizantes a la Seguridad Social agraria puedan tener acceso a las ayudas redistributivas para evitar que los rentistas «metan mano en el bolsillo» a los verdaderos profesionales.

Por otra parte y desde Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos critican que con la fijación del umbral en 5.000 euros puedes ser ya beneficiario de la PAC sin ninguna otra condición. La organización reclama que, al menos, se requiriese un mínimo de un 25% de ingresos agrarios o la inscripción en la Seguridad Social de dicha actividad. Con la excepción a esta condición para aquellos que no llegasen a percibir 1.250 euros, explican.

Este criterio ha generado un enorme malestar, en concreto en los territorios gobernados por el Partido Popular, hasta el punto de sospechar que el ministro ya habría cerrado este asunto sin quererlo discutirlo en las reuniones de otoño.

El líder del PP, Pablo Casado, solicitó la comparecencia de Planas en el Congreso para explicar este punto y el plan en general y que se hiciera pública la última grabación de la Conferencia Sectorial para escuchar lo que planteó el titular de Agricultura en esa reunión.

Precios mínimos

En cuanto al Pacto Verde, también replican al ministro desde las distintas asociaciones que «se deben garantizar unos precios mínimos para los agricultores y ganaderos».

Se trata de la condicionalidad reforzada y consiste en que las mayores exigencias medioambientales también suponen mayores costes y menores rentas que pueden lastrar la viabilidad económica de las pequeñas y medianas explotaciones si no vienen acompañadas de un presupuesto adicional para acometer la llamada «transición verde y justa».

De ahí que las asociaciones critiquen que con el actual modelo aprobado en Bruselas, un 40% de los fondos iría destinado a medidas medioambientales y climáticas. «Podemos decir que los hombres y mujeres del campo van a financiar las políticas climáticas de la UE», señalan desde COAG.

La propuesta inicial incluye 4.800 millones en ayudas directas, de los que el 60 % son pagos básicos a la renta, y cerca de 1.200 millones para ecoesquemas, todo ello dentro del primer pilar, explicó el ministro Planas. Se pretende así que el 23 % de los pagos directos se vinculen a los ecoesquemas, junto a un 2 % adicional de los fondos de desarrollo rural.

Las ayudas al desarrollo (Feader) contarán con una cantidad anual total de 1.100 millones de euros, aparte de otros 900 millones para medidas de mercado y programas sectoriales. El Gobierno tiene intención de hacer converger las ayudas al 85 % de la media regional en el nuevo periodo, reducir el número de regiones de pago básico de 50 a 20 e incluir medidas para la incorporación de mujeres y jóvenes.

Desde las distintas organizaciones y cooperativas señalan al ministro que «tenemos que entender que es la recta final, pero si se generan expectativas y luego se frustran, esto genera intranquilidad«. De ahí que reclamen «un acuerdo definitivo, no que se hagan acuerdos parciales y que sigamos con el debate abierto hasta final de año».

Estos mismos colectivos no dudan en amenazar con sacar de nuevo los tractores por el Paseo de la Castellana hasta el Ministerio de Agricultura «si el ministro cierra el acuerdo en falso o sin nuestro consenso», insisten. Se prepara un otoño caliente para el campo.