Agbar insta a Mas a dejar sin efecto la concesión de ATLL a Acciona

El Govern de Artur Mas puede encontrarse con un embrollo jurídico considerable, que afecte, además, a las cuentas de la Generalitat de forma implacable. La decisión de un organismo de la propia Generalitat, el Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), que invalidó el proceso de adjudicación de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a Acciona, ha dado alas a Agbar para buscar todos los recovecos legales a su alcance. Y, según sus servicios jurídicos, y las interpretaciones de los expertos que dice haber consultado, ha decidido instar a la Generalitat a dejar sin efecto la adjudicación.

Agbar considera que la resolución de la OARCC “es directamente ejecutiva”, lo que implica “que debe ejecutarse, por el obligado a su cumplimiento, es decir, por el Departament de Territori i Sostenibilitat, desde que fue notificada”.

Recurso ante el TSJC

Esa decisión sería muy costosa para la Generalitat, que ya ha cobrado los 300 millones de Acciona, por la concesión, en una operación que alcanza, en su totalidad, 1.000 millones de euros. El Govern ultima un recurso ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC). Las fuentes consultadas por Economía Digital sostienen que, efectivamente, la resolución de la OARCC es ejecutiva, y que el Govern debería pedir, en su recurso, de forma explícita, su suspensión a la espera de la decisión del TJSC. Las mismas fuentes entienden que el propio tribunal accedería a ello, debido al alto coste que le supondría a la Generalitat, si lo argumenta con solidez, revocar la adjudicación del concurso de privatización de ATLL.

Agbar ha enviado un documento al conseller de Territori i Sostenibilitat, Santi Vila, en el que le expone sus argumentos jurídicos y le pide que acceda a dar cuenta de la resolución de la OARCC. En concreto, la pieza jurídica, que firma Alejandro Jiménez Marconi, en nombre de Agbar, insta a “evitar que el acuerdo de adjudicación a favor de Acciona despliegue algún efecto, o consolide algún acto o hecho consumado”. También que deje “sin efecto la formalización del contrato realizado por Territori y Acciona, “proceciendo a su liquidación”.

Excluir a Acciona

Las consecuencias de la decisión de la OARCC, que estimó parcialmente el recurso de Agbar, “en el sentido de excluir la empresa Acciona del procedimiento de acuerdo con lo expuesto en los fundamentos jurídicos de la resolución”, implican, según Agbar, “mantener a ATLL en la gestión de provisión de agua”.

En el documento remitido al conseller Vila, la compañía que preside Angel Simón, solicita que se “evite que Acciona tome posesión de las instalaciones y del servicio público de provisión de agua y dejar sin efecto todas las actuaciones que hayan ido destinadas a ese fin”. También se pide que se retroceda a la situación anterior al acuerdo de adjudicación, que “se reconozca la exclusión de la propuesta presentada por Acciona”, y “dictar un nuevo acuerdo de adjudicación del contrato a favor de la agrupación licitadora liderada por SGAB” (Agbar).

Concurso para Agbar

Agbar justifica esa última solicitud. Una vez que se considera que la oferta de Acciona no puede ser aceptada, tras la resolución del organismo de la Generalitat, la compañía señala lo siguiente: “éste órgano de contratación únicamente podrá adjudicar el contrato a favor de SGAB”, tras entender que es la otra oferta que había en el procedimiento de adjudicación del contrato.

El Govern, en cualquier caso, sigue considerando que todo el procedimiento se hizo de “forma correcta”, a la espera, cuando presente el recurso, de la decisión que tome el TSJC.