Agbar denuncia a la Generalitat por maniobras ilegales en la ‘guerra del agua’
La compañía acusa al Ejecutivo de Artur Mas de desafiar a los tribunales al resistirse a ejecutar las sentencias contrarias a sus intereses y hacer trampas administrativas con Acciona
Agbar ha presentado un nuevo escrito ante el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para denunciar la resistencia del Gobierno de Artur Mas a ejecutar las sentencias del caso ATLL, también conocido como la guerra del agua. Es el segundo recurso que la compañía inicia en lo que va de año.
En esta ocasión, incrementa el tono al acusar al Ejecutivo autonómico de realizar maniobras ilegales para mantener a Acciona al frente de Aigües Ter Llobregat (ATLL) a la espera de que algún tribunal respalde sus argumentos.
«La Administración demandada está declarando reiteradamente en sede política que no tiene intención de ejecutar la resolución por ahora, en un insolente desafío a la legalidad y a los tribunales», indica el asesor legal de la compañía, Santiago Muñoz Machado, en el escrito presentado ante el TSJC.
La mesa de contratación finge actividad
El letrado hace referencia a las declaraciones realizadas por el presidente y el consejero de Territorio, Santi Vila, en las que aseguran que no acatarán las tres resoluciones del Tribunal Supremo en las que anula el contrato vigente.
Mas afirmó que «se están adecuando los ritmos para ver si se produce una sentencia definitiva sobre el fondo» y Vila justificaba la inacción por esperar el «dictamen definitivo de la mesa de contratación«.
La acción de este órgano también es blanco de las críticas de Agbar. La gestora afirma que el Gobierno catalán ha ejecutado una maniobra burocrática para fingir que tiene actividad. Para ello, cuenta con el apoyo de la actual titular del servicio, un consorcio liderado por Acciona con BTG Pactual y un grupo de minoritarios (entre los que se encuentran las familias catalanas Rodés y Torreblanca) como socios.
Revisión de 800 folios
«Se ha constituido un expediente que es verdad muy voluminoso y que ofrece, gracias a ese volumen, una apariencia de actividad administrativa cuando en realidad lo componen, esencialmente, escritos y documentación aportados por las compañías (Acciona, ATLL Concesionaria y Aigües de Catalunya», manifiesta en el escrito.
El documento al que hace referencia consta de 800 folios. Agbar indica que se trata de información sin mucha relevancia por el objetivo pretendido del órgano de decisión: dictaminar el camino jurídicamente más sencillo para aplicar las resoluciones del Tribunal Supremo.
«Expediente tramposo»
«No se trata solamente, por tanto, de una resistencia manifiesta a excluir al licitador que resultó adjudicatario: la Administración está extravasando las reglas más básicas de competencia», añade Muñoz Machado.
El catedrático afirma que se trata de un «expediente tramposo» y que la compañía a la que representa pone de manifiesto a la sala su existencia «no sin cierta vergüenza como juristas, porque sin duda va a recibir los 800 folios como contestación a nuestra petición de medidas cautelares».
