Agbar busca una reprimenda europea a España por ATLL

Agbar ha elevado otro grado más el pulso que mantiene con el Gobierno de Artur Mas por el caso ATLL; la adjudicación a Acciona de la gestión de los recursos hídricos que dan servicio a cinco millones de personas de la región más poblada de Cataluña, Barcelona y su ámbito de influencia. El conflicto se remonta a 2012 y el paso que da ahora el grupo integrado en Suez Environnement involucra a dos nuevos actores: la Comisión Europea y el Ejecutivo central.

El primero de ellos es quién deberá valorar si Mas se ha saltado a la torera la normativa comunitaria al no cumplir primero con el mandato del Tribunal Catalán del Sector Público (la antigua Oarcc) cuando excluyó a Acciona del concurso en enero de 2013, y después al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) y al Tribunal Supremo (TS) al rechazar las medidas cautelares que solicitó para mantener el contrato vigente mientras se decidía sobre «el fondo de la cuestión».

Intento infructuoso de calmar los ánimos

El Ejecutivo catalán se agarra desde hace 25 meses a que el TSJC aún no se ha pronunciado sobre la validez de la sentencia del Oarcc, por lo que no debe revertir el proceso. Para intentar calmar los ánimos, ha reactivado la mesa de contratación con el mandato de analizar cómo cumple con la resolución que dio el disparo de salida a la guerra del agua en la comunidad.

Pero su intento ha sido infructuoso y también ha derivado en otra denuncia de Agbar, que considera que se trata de un simple movimiento cosmético.

Proceso soberanista

Mas intenta ganar tiempo. El proceso soberanista, el leitmotiv de los cuatro años de gobierno de sus dos legislaturas, se ha enfriado y la prioridad en la Generalitat es reactivarlo y conseguir el apoyo de una amplia mayoría en el Parlament que salga de las urnas el 27 de septiembre.

Las elecciones están anunciadas pero no convocadas. El pacto con ERC está en horas bajas y hay tensiones en el seno de la federación nacionalista, precisamente, por las demandas independentistas. Además, las finanzas públicas no avanzarían sin la asistencia del Gobierno central, con la financiación a coste cero que le permite el FLA y el plan de pago a proveedores. Por lo que el incendio del caso ATLL ahora, más que nunca, no conviene.

Especialmente si se pone el foco en la Unión Europea. CiU y ERC intentan ganar apoyos en Bruselas con el procés y la imagen de que se trata de un Gobierno que hace oídos sordos a las resoluciones judiciales e incluso inventa trabajos administrativos para dar la impresión que se trabaja en la resolución de la guerra del agua (la última denuncia de Agbar) torpedea la imagen que pretende proyectar de Gobierno serio y responsable.

¿Quién es más influyente?

Llegados a este punto, con la denuncia de Agbar sobre la mesa de la Secretaría General de la Comisión Europea, las maquinarias de influencia se han puesto en marcha. Y, de nuevo, Mas tiene las de perder.

No compite contra una compañía nacional, lo hace con un gigante como Suez, que opera principalmente en Francia (36% de su actividad) y cuenta con una importante implantación en Alemania y Benelux (12%) y Reino Unido (7%), tal y como señala en la denuncia enviada a Bruselas. «Como lobby, le supera de lejos», señalan fuentes cercanas a la Comisión.

Acciona tampoco le puede ayudar llegados a este punto del proceso. Su perfil le da relevancia dentro de España, pero en carácter internacional (sobre todo en Bruselas) no llega a la relevancia de Suez.

Reprimenda al Reino de España

Agbar, al mismo tiempo, pone contra las cuerdas al Gobierno español. La Comisión Europea no enmienda los comportamientos de las comunidades autónomas, sus reprimendas van dirigidas a los Estados miembros.

El Ejecutivo central puede acabar salpicado por un conflicto que, hasta el momento, se ha mirado con mucha distancia.