Ada Colau vulneró el código ético municipal por colocar a la pareja de una concejal de los Comunes
El Comité de Ética de Barcelona reconoce que el nombramiento supuso "un daño al prestigio y a la imagen pública de la institución"
Ada Colau, alcaldesa y presidenta del Área Metropolitana de Barcelona. /AJUNTAMENT DE BARCELONA
Otro episodio que pone en cuestión las buenas prácticas del gobierno de Ada Colau. El equipo municipal vulneró el Código de Ética y Conducta del Ayuntamiento de Barcelona por el nombramiento de Alicia Ramos –entonces pareja de la concejal de Barcelona en Comú Lucía Martín– como asesora municipal.
La resolución responde a una reclamación de Cs en Barcelona a finales de 2020. El Comité de Ética da la razón al partido naranja, y reconoce que el nombramiento ha supuesto «un daño al prestigio y a la imagen pública de la institución», y ha pedido al gobierno municipal que eviten este tipo de prácticas ante el riesgo «real o potencial» de «conflicto de intereses».
«Es un hecho que en el caso que nos ocupa se ha producido el nombramiento de una persona que era en aquel momento de la concejalía adscrita a la misma Tenencia de Alcaldía donde debía incorporarse la mencionada persona, y por tanto se podría tratar a primera vista de un conflicto de interés, algo reprobable según la mencionada normativa», recoge la resolución.
«Un ‘modus operandi’ institucionalizado»
El texto reprocha a Ada Colau el nombramiento de este cargo eventual. Si bien la señora Romero no tiene una relación estrecha con la alcaldesa, su nombramiento ha mandado «una imagen reputacional negativa de la institución pública a la que ellas pertenecen y que, además, cualquier cargo está obligado a impedir».
El Código Ético de la ciudad de Barcelona recoge que hay un «conflicto de interés» cuando existen intereses personales del tipo «intereses familiares, incluyendo el cónyuge o la persona con quien se conviva en análoga relación de afectividad», y emplaza a inhibirse o abstenerse de procesos que puedan poner en riesgo la imparcialidad de la decisión.
En la reclamación presentada al Comité de Ética, la concejal de Cs Mariluz Guilarte denunció que la práctica de colocar a parejas y familiares de los Comunes en el Ayuntamiento de Barcelona era «un modus operandi institucionalizado» del que se habría beneficiado la señora Alicia Ramos y «otras dos personas más la cual la comunicante menciona».
El Código Ético de Barcelona en Comú
No es el primer choque que Barcelona en Comú tiene con un Código Ético. El partido de Ada Colau vulneró su propio códice de buenas prácticas al negarse la alcaldesa a dimitir tras la imputación por el presunto riego irregular de entidades y asociaciones afines, pese a que el texto recomendaba la dimisión en caso de investigación.
El capítulo tres del código ético de Barcelona en Comú, donde abordan las obligaciones cargos electos, es claro: “Compromiso de renuncia o cese de forma inmediata de todos los cargos, ante la imputación para la judicatura de delitos relacionados con el soborno, malversación, apropiación de fondos públicos, ya sea por interés propio o por favorecer a terceras personas”.
Entre las investigadas se encuentra la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que Ada Colau se hizo popular por su labor como activista antes de dar el salto definitivo a la política institucional. También, Ingenieros sin Fronteras (ESF) –de donde procede el concejal Eloi Badia– o el Observatorio DESC –donde estuvieron vinculados Jaume Asens y Gerardo Pisarello.
