Colau evita las quejas de la Guardia Urbana gracias a su “comisario político”
El sindicato CSIF apuesta por profesionalizar los mandos de la Guardia Urbana para evitar injerencias de la alcaldesa de Barcelona y Albert Batlle, responsable de Prevención y Seguridad
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, conversa con el responsable de Seguridad del Ayuntamiento de Barcelona, Albert Batlle (d), y con el Jefe de la Guardia Urbana, Pedro Velázquez (i). EFE /Quique García
Uno de los problemas que aqueja a la Guardia Urbana es que alguien les defienda. No solo desde mandos políticos, donde los agentes denuncian indefensión de cara a Colau, sino también hacia los mandos policiales. Muchas de las críticas se centran contra el Intendente Mayor Jefe, Pedro Velázquez, conocido entre los sectores más críticos como el «comisario político».
Así lo asegura el portavoz de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Eugenio Zambrano, que explica a Economía Digital que el problema de la Intendencia Mayor de la Guardia Urbana es su carácter interino. Su nombramiento depende del gobierno de Ada Colau, y del teniente de alcalde Albert Batlle, lo que a su juicio hace complicado que pueda enfrentarse al Ayuntamiento.
Zambrano: «Está yendo contra el código deontológico»
El portavoz de CSIF del cuerpo municipal insiste en que van a ahondar en la reivindicación de una plaza de «superintendente jefe» que se escoja de forma profesionalizada y sea fija, sin estar a merced de directrices del propio Ayuntamiento. El objetivo es evitar que la interinidad del cargo se convierta en una espada de Damocles que frene las reivindicaciones de la base.
«Tenemos jefes que si protestan mañana los cambian y ponen a otro», lamenta Zambrano. «Por eso tenemos a estos, que no se merecen el dinero que ganan. Soy muy crítico», zanja Zambrano. El portavoz de CSIF ha recordado que los mandos policiales «están sujetos al imperio de la ley» y a criterios estrictamente profesionales: «Está yendo contra el código deontológico».
El actual Intendente Mayor Jefe fue nombrado a propuesta del Ayuntamiento en diciembre de 2019. El agente es un veterano de la Guardia Urbana, cuerpo al que se incorporó en 1990. El gobierno de Ada Colau justificó su nombramiento alegando «sus capacidades en la dirección de diferentes unidades del cuerpo».
Velázquez: «No admito ninguna injerencia política»
Pese a las acusaciones de CSIF, Velázquez siempre ha defendido su imparcialidad y un papel profesional ante la injerencia del poder político. En una entrevista reciente a El País defendió que, si bien es cierto que la Guardia Urbana «recibe directrices políticas», el ajuste a la normativa y los «criterios operativos son una decisión estrictamente técnica».
«Ahí yo no admito ninguna injerencia política. Los policías necesitamos directrices claras y no podemos trabajar con la ambigüedad», defendió en la entrevista al citado medio. Hizo autocrítica al asegurar que en todos los ámbitos de responsabilidad tiene puede haber «margen de mejora», aunque «también ha habido aciertos».
Zambrano ha asegurado que el cuerpo policial es una “víctima de esta política de seguridad de Barcelona en Comú y el PSC” donde los principales perjudicados acaban por ser los barceloneses: “Estamos en la UCI, y dudo que la Guardia Urbana salga de la UCI con este Gobierno”.
El portavoz de CSIF ha explicado que una de las problemáticas a las que se enfrenta la policía es la falta de efectivos: “Quieren que con menos hagamos más”. El representante sindical de la policía advierte que los agentes son poco menos de 3.000 en la actualidad, y que para que la ciudad funcionara correctamente harían falta 4.500.
