Acciona infló en 10 millones la obra de Torrevieja con «mediciones incorrectas»

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco no se cortaba un pelo al recoger en su auto –por el que mandaba a prisión a los responsables de Acuamed y al empresario Nicolás Streegmann, presidente de Altec– pormenores sobre las actuaciones delictivas urdidas por el ya exdirector general de Acuamed, Arcadio Mateo del Puerto, y Gabriela Mañueco, la hasta ahora directora de Ingeniería y Construcción de la sociedad pública.

Detalles muy esclarecedores del alcance de la organización criminal montada a través de los contratos adjudicados por la sociedad dependiente del Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente.

La concertación para compensar a FCC por los desperfectos y el pago del seguro tras la inundación que dejó inservible la desaladora de Bajo Almanzora, en Almería, o permitir que Acciona diera por acabada la desaladora de Torrevieja, en Alicante, cuando no lo estaba, son algunos de los hechos sobre los que el magistrado se extiende en su auto, en el que concluye que «los empleados del núcleo duro de Acuamed [Mateo del Puerto y Mañueco] incurrieron en un delito de organización criminal ligado a fraude, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, maquinación para alterar el precio de las cosas, falsedad en documento oficial y prevaricacón administrativa».

Un repaso al detalle del auto, al que ha tenido acceso Economía Digital, sirve para comprobar el nivel de delincuencia alcanzado por los responsables de Acuamed y los directivos de las empresas contratistas.

Desaladora de Baja Almanzora (Almería), adjudicada a FCC y Abengoa

El juez señala que Mateo del Puerto concertó con los contratistas que Acuamed no exigiera, en contra de lo que decía el contrato, que las empresas cubrieran los desperfectos y el pago del seguro derivados de las inundaciones que, en septiembre de 2012, dejaron inservible la planta.

Y no quedó ahí la cosa. Además, añade el magistrado, Acuamed arbitró un acuerdo para que fuera la empresa pública la que asumiera el 40% de esos costes, «cuando no es responsabilidad de la Administración», y compensar a FCC en otras obras por el 60% restante, «al parecer pactadas desde muy alto nivel en el Ministerio», recoge el auto. Dicha compensación se articuló en la obra de descontaminación del pantano de Flix, en Tarragona, «donde FCC quería fijar modificados ficticios irreales».

Ante la oposición de ciertos funcionarios «a permitir tales irregularidades», la desaladora de Almería sigue sin repararse y «FCC sin permitir la liquidación del contrato, pretendiendo que los aproximadamente 2 millones de euros que podría debérsele se conviertan en 10, con un perjuicio para la Administración de 8 millones», señala el juez Velasco en su auto.

En los presupuestos del Estado se consignaban cerca de 36 millones para cubrir «la compensación indebida pactada entre FCC y altos cargos del Ministerio», que han quedado reducidos a 22 en las cuentas estatales del presente ejercicio.

Desaladora de Torrevieja (Alicante), adjudicada a Acciona

La mayor desaladora de Europa en la que, dice el juez, «con la presión de cobrar los fondos europeos se dejó libertad de ejecución» a la empresa de los Entrecanales «con tal descontrol que se llegó a dar acabada cuando no lo estaba. Faltaban ajustes, remates, había bombas con fisuras …».

En este caso, la liquidación que pretendía Acciona «implicaba causar a la Administración más de 3 millones de euros de perjucio, pretendiendo discrepancias en mediciones que eran mentira», recoge el auto, con «partidas hinchadas, mediciones incorrectas y reclamaciones improcedentes para que se le facturaran 17 millones más, aunque al final lo dejaron en 10».

Presa Avenida Rambla Gallinera (Valencia). Adjudicada a Sogeosa y Torrescámara

«Se realizaron sondeos y estudios sin realizar el proyecto contratado, llegando a certificar por 2 millones de euros una escollera que nunca existió», apunta el magistrado de la Audiencia Nacional.

Conducciones y tuberías de la desaladora de Campello-Mutxamiel, en Alicante

Obra adjudicada a Altec-Altyum, y finalmente a Altec en solitario, «una empresa que nunca hubiera conseguido la adjudicación debido a su mal posicionamiento en el informe técnico». Su presidente, Nicolás Streegmann es el único de los directivos de las contratas implicadas para el que el juez decretó prisión sin fianza.

Conducciones desde la desaladora de Águilas al Cerro Colorado, en Murcia

Fue adjudicada a Altec y, por orden de la dirección general de Acuamed, la contratista adquirió los tubos a STS Tubular, la empresa que los vendía 240.000 euros más caros, en lugar de hacerlo a la pyme local Noksel, que ofrecía el precio más barato.

Presa de antiavenidas del río Serpis, en Valencia

El juez recoge en su auto que se hizo la liquidación de la obra a Altec-Altyum por casi 2 millones más de lo que procedía, «enmascarando ese importe en inexistentes trabajos de arqueología».