Abren expediente al Ayuntamiento de Barcelona por la recogida de residuos
La Autoridad Catalana de Protección de Datos cree que el gobierno de Colau ha incumplido la ley en el tratamiento de información personal de los ciudadanos
Imagen de residuos amontonados en la ciudad de Barcelona / Junts
Problemas para Ada Colau en el ámbito de la limpieza. La Autoridad Catalana de Protección de Datos ha abierto un expediente al Ayuntamiento de Barcelona por una presunta infracción en el proyecto de recogida de basura, puerta a puerta en el sector de Sant Andreu de Palomar.
El organismo regulador apunta que el principal error del gobierno municipal se ha producido en el tratamiento de la información. El Ayuntamiento no ha contemplado el derecho de la ciudadanía a retirar la cesión de datos para la gestión de las basuras. Una información que vulnera el derecho a recibir una información correcta.
Colau paraliza sus planes por la presión vecinal
En paralelo al veredicto de la APDCAT, la presión vecinal ha provocado la paralización del proyecto de la recogida puerta a puerta en Sant Andreu y otros distritos cercanos. El regidor de Transición Ecológica, Eloi Badia, deja el proyecto para después de las elecciones municipales del 2023, siempre que Colau alcance su tercer mandato.
Por su parte, las asociaciones vecinales de Sant Andreu atribuyen la marcha atrás del consistorio de Comunes y PSC “al miedo de una debacle electoral”, afirma Cristina Galán, dirigente de la Asociación Vecinal Sant Andreu Sud. El barrio también critica como el actual contrato de limpieza no ofrece soluciones “reales” a las necesidades de los vecinos.
El puerta a puerta obligaba a los vecinos a dejar los residuos en diferentes franjas horarias de la semana. El descontrol del consistorio ha creado problemas de salud pública con la presencia de ratas o cucarachas, encima de las bolsas de basura amontonadas en las calles.
Expertos tildan de “chapuza” la gestión legal del Ayuntamiento
Hace poco más de un año, cuando el Ayuntamiento de Barcelona expuso su voluntad inicial de establecer el sistema de recogida puerta a puerta, denunciaron la falta de transparencia en el tratamiento de los datos necesarios para llevar a cabo la gestión individualizada de los residuos.
“No aplican la ley de transparencia porque no explican el itinerario exacto de los datos que se recogen a los ciudadanos”, describe Aida Ruiz, abogada especialista en protección de datos. Según el criterio de la jurista, el consentimiento firmado por los vecinos para el puerta a puerta es erróneo.
El gobierno municipal se agarra a la normativa europea
Frente a la inseguridad jurídica y malestar vecinal que ha acompañado el sistema puerta a puerta desde su origen, el Ayuntamiento de Barcelona se ha agarrado a la normativa europea para defender el proyecto. La Unión Europea fija el 2025 como fecha límite para tener el 55% de recogida selectiva y un 65% en el año 2035.
Ahora bien, las leyes comunitarias no imponen necesariamente el sistema puerta a puerta de Ada Colau. El argumentario de los Comunes recoge que los procesos individualizados de las basuras aparecen en los programas de limpieza del Área Metropolitana de Barcelona para llegar al objetivo de cero residuos.
Otro de los principales batacazos del Ayuntamiento ha sido la defensa de las bolsas con microchip. Las asociaciones de vecinos y comerciales han criticado que son los trabajadores de la basura quienes tienen la responsabilidad de decidir si el contenido de la bolsa concuerda con la normativa vigente de recogida selectiva.
