Abogados por la Constitución: así son los letrados que plantan cara a Colau
La entidad constitucionalista investiga a la alcaldesa de Barcelona por organización criminal: "El dinero público es muy apetitoso"
La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. EFE
Ada Colau está pendiente de una investigación en Fiscalía por presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y organización criminal. La denuncia ante el Ministerio Público la presentó Abogados Catalanes por la Constitución, un colectivo de juristas que dedican parte de su tiempo libre a que se cumpla la ley y que, a diferencia de las entidades independentistas, no recibe apoyo financiero público.
La asociación se erige como azote contra la falta de transparencia de las administraciones públicas, sobre todo en Cataluña. «No descubro nada nuevo, porque el dinero público es muy apetitoso», explica el letrado de la asociación Manuel Miró en conversación con Economía Digital. El abogado ha lamentado que la tónica general sea paradójicamente la de cada vez más opacidad en una época en la que la demanda de información es cada vez mayor.
«En la administración hay una obligación de transparencia y cuando eso se oculta pues eso te da a entender que es por algo. Por eso se ponen las denuncias, es la única manera de acceder a esa información», lamenta el letrado de Abogados Catalanes por la Constitución.
Una modesta asociación que trabaja en las horas libres
Son un grupo de abogados modesto, aunque trabajan mucho para tirar adelante sus iniciativas. «Somos cuatro gatos», bromea Miró. El letrado explica que las acciones llevadas a cabo a través de esta asociación no son su forma de vida, sino que dedican parte de su tiempo libre para llevar a cabo sus iniciativas judiciales más allá de sus respectivos trabajos.
Además, revela que el movimiento asociativo dentro del constitucionalismo es muy complicado. «En el lado independentista están muy organizados: tienen su Òmnium, su ANC, su grupo de abogados llamado Drets, y están muy bien financiados. Te estoy hablando de millones de euros, y es público».
La asociación, conjuntamente con Societat Civil Catalana, fue la responsable de presentar ante el Tribunal de Cuentas la denuncia al expresidente Artur Mas, la exvicepresidenta Joana Ortega y los exconsellers Irene Rigau y Francesc Homs por el dinero gastado para la consulta del 9-N en el año 2014.
«Es lícito sospechar que hay una organización criminal»
La denuncia ante Fiscalía incluyó en un inicio los presuntos delitos de prevaricación, fraude en la contratación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. A estos, hace pocos días, se añadió una ampliación por presunta organización criminal, que incluye también al diputado en el Congreso Jaume Asens y Gerardo Pisarello.
«Si yo tengo una asociación y de repente soy alcalde de Barcelona, pues empiezo a dar dinero a mi asociación y amigos. Y la gente que está conmigo y vienen de ahí, en lugar de abstenerse que es su obligación, lo apoyan y dan dinero. Es lícito sospechar que hay una organización criminal, puesto que hay una trama de dinero público a sus asociaciones», explica el auto.
Los fiscales accedieron a investigar la concesión de 3,4 millones de euros a diferentes organizaciones que habían mantenido vínculos personales o profesionales con los miembros del equipo de Colau. Entre ellas, figura la propia Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), en la que la alcaldesa se hizo popular por su labor como activista, antes de dar el salto definitivo a la política institucional.
Miró también se ha sorprendido ante la actitud del partido de Ada Colau sobre esta cuestión: «A mí me ha hecho gracia un tuit de Barcelona En Comú que dice: nosotros solo trabajamos en beneficio del interés general. No lo han negado, porque no te estoy diciendo que no sea verdad. Además, hablan del interés de general. ¿Quién eres tú para decir qué es el interés general?«.
Las denuncias de esta asociación están ahora en manos de la Fiscalía, quien deberá decidir si aprecia o no indicios de delito: «Es quien defiende el interés público». «Es una fase muy importante», porque es ahora cuando el Ministerio Público debe decidir si admite o no trámite la denuncia.
La otra denuncia que pesaba contra Colau por la cuestión de las presuntas irregularidades en la adjudicación de subvenciones públicas, esta segunda en el Tribunal de Cuentas, ha sido archivada. La denuncia la había presentado Cs, donde acusaba al equipo de la alcaldesa de trocear contratos menores de 2017 hasta 2020.
