Abogados constitucionalistas piden que se cumplan las sentencias contra la inmersión

Sigue la división entre los abogados del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona (ICAB) por el comunicado del pasado 20 de diciembre donde la Sección de Derecho Constitucional pidió el cumplimiento del 25% de castellano en la escuela tras la negativa del Govern a aplicarla y el menosprecio al acoso del menor de P5 en el colegio de Canet de Mar (Barcelona).

La portavoz de la plataforma que defiende a los juristas en defensa del cumplimiento de la ley, Chantal Moll, ha leído un manifiesto de apoyo a la Sección y ha expresado su preocupación en nombre de 1.800 firmantes sobre su desacato a la sentencia que pone fin a la inmersión lingüística y a la exigencia de proteger a las familias que piden educación también en castellano.

Los abogados que defienden a la Sección de Derecho Constitucional del ICAB han hecho entrega de las casi 2.000 firmas al órgano colegial. Pretenden cerrar filas con la Sección, frente a los movimientos independentistas que claman por poner la institución al servicio del secesionismo.

«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales»

«La Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho», han defendido los juristas contrarios a la inmersión invocando el artículo 103 de la Constitución.

La plataforma de abogados en defensa de la sentencia del TSJC ha exigido a la Generalitat que deje de mandar «mensajes difusos que confunden a la sociedad». También, le han solicitado que se garantice el cumplimiento del Estado de Derecho y que no fuercen a las familias a «judicializar» el cumplimiento derechos lingüísticos.

El comunicado de la Sección de Derecho Constitucional del ICAB de apoyo con el 25% de castellano y el respeto a la ley recogía su «preocupación» por el desacato a la ley y las declaraciones del presidente de la Generalitat en contra de garantizar el bilingüismo escolar, algo que consideran que va contra el Estado de Derecho y la Constitución.

«El órgano entiende que la actitud adoptada por las autoridades de la Generalitat es de extrema gravedad y atenta de modo frontal contra el principio del Estado de Derecho reconocido en el art. 1 de la Constitución y que es un elemento esencial y estructural de todas las democracias», recoge el comunicado.

200 abogados independentistas se rebelan contra el ICAB

El dictamen fue contestado por 200 abogados del ICAB independentistas, como el diputado de Junts Jaume Alonso-Cuevillas, el letrado de Puigdemont, Gonzalo Boye o los de los condenados del procés Andreu Van den Eynde o Jordi Pina. En un escrito, calificaron el comunicado de la Sección como «estrictamente político alineado con las tesis ultranacionalistas españolas».

«Como juristas, nos sorprende ya no tanto la utilización de los comunicados del ICAB para transmitir opiniones políticas como la falta de contenido jurídico del mismo y, sobre todo, la ruptura del principio básico de respeto a la presunción de inocencia», defienden mientras acusan a la Sección de vaciar de contenido las palabras «Constitución» y «constitucionalista».

Los independentistas también interpelaron a Maria Eugènia Gay, decana del ICAB, a la que acusan de amparar el rechazo a la inmersión: «El efecto de cualquier comunicado de una sección del ICAB en prensa es la confusión de la parte por el todo, y el hecho de que la junta del ICAB no haya emitido, en estos momentos, ningún comunicado rechazándolo, contribuye a ello».