El Gobierno ignora al Tribunal de Cuentas y no se pronuncia sobre los avales del Govern
La Abogacía del Estado ha decidido no pronunciarse sobre la legalidad de los avales aprobados por el Govern para los condenados por el Tribunal de Cuentas
El conseller de Economía, Jaume Giró, uno de los principales promotores de los avales del ICF. EFE/Toni Albir/Archivo
Tras meses de incertidumbre, finalmente la Abogacía del Estado ha decidido no posicionarse ni a favor ni en contra de los avales del Govern, por valor de unos 10 millones de euros, de los que se beneficiarán 29 de los 34 ex altos cargos de la Generalitat condenados por el Tribunal de Cuentas.
Según el comunicado oficial emitido por la Abogacía del Estado, recogido por El Mundo, «la Abogacía General del Estado (AGE) confirma, tras examinar la propuesta elevada por el Abogado del Estado del Tribunal de Cuentas, que no procede la emisión del informe que le fue solicitado sobre los avales presentados por la Generalitat, a través del Institut Català de Finances (ICF), para hacer frente a la fianza de 5,4 millones de euros que se les reclama a 34 ex altos cargos y funcionarios de la administración catalana por su presunta implicación por los gastos indebidos en la promoción del procés en el extranjero, entre 2011 y 2017″.
El Tribunal de Cuentas emplazó a la Abogacía a pronunciarse sobre la legalidad de dichos avales hace aproximadamente dos meses, esperando una respuesta para decidir si se anulaban y se procedía al embargo de los bienes de los acusados, entre los que se encuentran Artur Mas o Oriol Junqueras.
No obstante, la Abogacía «considera que no procede que, en el marco de la función consultiva que la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas atribuye al Servicio Jurídico del Estado en el Tribunal, pueda emitir el informe, ya que tiene la condición de parte en la fase de actuaciones previas a la que dicho informe se incorporaría».
Se recogen entonces las tesis del abogado del Estado Rafael García Monteys, quien elevó la petición inicial del Tribunal de Cuentas a la directora del Servicio Jurídico de Estado, Consuelo Castro, por observar un posible «conflicto de intereses» en tanto que la Abogacía del Estado ha tomado parte en este procedimiento.
Según argumentó en su momento García Monteys, «la posición como parte en el procedimiento que da lugar a la solicitud del informe podría afectar directamente a la necesaria objetividad e imparcialidad que ha de regir la función consultiva» de la Abogacía General del Estado.
De hecho, el posicionamiento tanto a favor como en contra en la consulta que se elevó desde el Tribunal de Cuentas acerca de la legalidad de los avales presentados por la Generalitat podría haber desembocado en «un supuesto de nulidad de actuaciones si se llegase a considerar que el informe emitido habría alterado el equilibrio entre las distintas partes intervinientes.
Por otra parte, «el enjuiciamiento de los actos que se dicten debe realizarse conforme al Decreto-ley de la Comunidad Autónoma de Cataluña 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgo de la Generalitat de Catalunya, ya que es una norma con rango de ley que ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente en su eficacia», afirman en el comunicado, en referencia al decreto-ley que la Generalitat aprobó para destinar una dotación de 10 millones de euros como aval de los imputados.
Por tanto, y a la espera de nuevos giros en el periplo entre el Tribunal de Cuentas y los líderes independentistas, todo apunta a que podrían aceptarse como legales.
