La Abogacía del Estado encarrila los indultos a los condenados por sedición
El organismo dependiente del ministerio de Justicia elude pronunciarse pero señala que el daño económico ha sido subsanado gracias al depósito de 4,1M€ ante el Tribunal de Cuentas
Seis de los presos del procés, Jordi Turull, Jordi Sànchez, Joaquim Forn, Raül Romeva, Jordi Cuixart y Oriol Junqueras, participan en el acto unitario organizado por Òmnium Cultural a las puertas de la cárcel de Lledoners antes de su entrada a prisión tras haberles sido revocado el tercer grado. EFE/ Susanna Sáez
La Abogacía del Estado ha dado un paso más en el posible indulto que Pedro Sánchez y el Gobierno podrían conceder a los políticos presos condenados por sedición. Aunque no se pronuncia sobre la idoneidad o no de la medida de Gracia, sí que considera que la malversación ha sido subsanada por los 4,1 millones depositados en el Tribunal de Cuentas.
El informe se dirige al Tribunal Supremo, que es quien deberá pronunciarse antes de la adjudicación o no de la medida de Gracia, asegura que no le corresponde «manifestarse sobre la justicia o conveniencia del indulto o sobre la forma o concesión de la medida de gracia».
Seoane se ha amparado en la «personalidad jurídica única de la Administración General del Estado», de la que forma parte tanto la Abogacía del Estado como el propio Gobierno. Si dijera su opinión, «estaría anticipando o determinando el sentido de una decisión» cuya palabra final compete al Ejecutivo.
El «daño económico» del 1-O, subsanado por los reos
Pero sí que se pronuncia sobe el «daño económico» como consecuencia del referéndum ilegal del 1-O. La abogacía considera que los condenados por sedición –Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Josep Rull, Jordi Turull, Joaquim Forn, Carme Forcadell y Dolors Bassa– ya han subsanado el perjuicio con el monto de 4,1 millones de euros.
La Abogacía explica que «habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables y encontrándose garantizada ese cantidad a día de hoy (…) ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública».
El Supremo pidió un informe al Tribunal de Cuentas para dirimir si los presos devuelto el dinero con los que se pagó el referéndum del 1-O. El informe aseguró que había «había quedado garantizada, no como pago sino en concepto de garantía de un futuro procedimiento contable la cantidad total de 4.146.274,97 euros».
La Fiscalía pide el cumplimiento íntegro de las penas
Amparándose en este hecho, la Abogacía explica que «habiéndose determinado provisionalmente el alcance y sus presuntos responsables y encontrándose garantizada ese cantidad a día de hoy (…) ese afianzamiento constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la Hacienda Pública».
El informe de la Abogacía del Estado se contrapone con la de la Fiscalía, que exige que los condenados por el procés independentista cumplan la totalidad de las penas sin medidas de Gracia. El Ministerio Público sostiene que no se puede operar «como moneda política de cambio» para la «obtención de apoyos parlamentarios».
