Abandono total del menor en Canet: el defensor del pueblo catalán calla y carga contra la sentencia
El Síndic de Greuges, Rafael Ribó, aborda con doble rasero el conflicto: critica el 25% de castellano pero se inhibe en la violencia al niño que pidió un 25% de castellano
El Síndic de Greuges de Cataluña, Rafael Ribó, en una intervención en el parlamento catalán. /EFE/Quique García
Una situación inédita. El Síndic de Greuges –el Defensor del Pueblo de Cataluña–, Rafael Ribó, guarda silencio ante el grave caso de acoso que ha sufrido un niño de P5 y su familia en un colegio de Canet de Mar (Barcelona) por conseguir el 25% de castellano por la vía judicial. Sin embargo, no tuvo problemas en cargar contra la sentencia del 25% de castellano.
Un hecho que ha denunciado Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB). La entidad en defensa de la convivencia entre los dos idiomas oficiales de Cataluña recuerda que una de las misiones de Rafael Ribó es la «la protección del menor», y lamenta que no haya pedido protección por el acoso a la familia, tanto de otros padres como de activistas y a través de las redes sociales.
Desde AEB sí que le recriminan a través de Twitter su celeridad para criticar el histórico fallo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TJSC), refrendado después por el Tribunal Supremo, que declaró ilegal el sistema de inmersión lingüística y obligó a que el castellano también pudiera ser lengua vehicular de la enseñanza.
Ribó acusó al TSJC de invadir competencias de la Generalitat
Ribó tardó pocos días en pronunciarse sobre la histórica sentencia, que generó un auténtico revuelo en el mundo nacionalista. El Síndic definió al sistema de inmersión lingüística como el único que «garantiza derechos, favorece la cohesión social y lingüística y disfruta del consenso local e internacional».
El Síndic no dudó en arremeter contra la justicia: «La determinación de una cuota única por parte de un tribunal sustituye a la competencia de la Generalitat, cuando sería necesaria mayor flexibilidad según la realidad sociolingüística». Ribó obvió que solo en algunos colegios era una realidad, y en su mayoría gracias a recursos judiciales de padres que pedían un 25%.
Además, acusó a los tribunales de interferir en el marco jurídico y vigente, al obviar que, «de acuerdo con los datos disponibles hasta ahora, el castellano también tiene un uso vehicular en el sistema educativo». «La misma determinación de una cuota mínima por parte de tribunales supone ejercer las competencias que tiene la Administración autonómica», insistió.
«Comporta un riesgo elevado de segregación social y lingüística y afecta negativamente a la competencia lingüística en lengua catalana de los niños de familias no catalanohablantes», defendió Rafael Ribó, que aseguró que los propios datos de la sentencia reconocían el uso del español: un 18% en Primaria; un 19% en Secundaria; y un 26% en bachillerato.
Acoso al menor desde varios frentes
El acoso al menor ha sido constante desde que se hizo pública la sentencia del 25%. Varios padres organizaron protestas y quejas formales porque sus hijos tendrían que estudiar en español algunas horas en P5, donde el uso de la lengua castellana es inexistente. Incluso, se llegó a plantear dejar el aula vacía en esas horas.
Desde Twitter también se produjo un llamado al boicot. El consultor gastronómico y escritor Jaume Fàbrega se animó públicamente a «apedrear» la casa del menor. «Apartheid a la familia que quiere destruir nuestra escuela y nuestro modelo. No son bienvenidas dado que no aman a Cataluña. Ya pueden marcharse por donde hayan venido», defendía otro usuario.
También desde las filas políticas se llamó al boicot. Albert Donaire, uno de los rostros visibles del ala independentista de los Mossos d’Esquadra, ha animado a los alumnos a hacerle el vacío al compañero que pedía el 25%: «Las horas que se realizan en castellano, los demás niños deberían salir de la clase. Reaccionamos o nos matan la lengua«.
El Sindicat d’Estudiants dels Països Catalans (SEPC), el brazo estudiantil de la CUP, ha convocado incluso una manifestación que ha salido desde la puerta del centro de Canet de Mar este viernes a las 16:30h –con presencia de diputados de Junts, ERC y los antisistema–, pese a que el TSJC había instado a la Generalitat a salvaguardar al niño afectado de las amenazas.
El conseller de Educación se desplazó el pasado jueves al centro, el día en que el 25% de castellano entraba en vigor en el colegio. Josep González Cambray se reunió con la dirección del centro y con algunos padres que rechazaban el modelo de inmersión lingüística, pero no quiso acercarse ni al alumno afectado ni a su familia.
