300 médicos exigen un órgano independente que vigile a Illa y Simón
Sanitarios, académicos e investigadores firman un manifiesto para crear una institución que fiscalice las decisiones políticas sobre la Covid-19
Una pareja de profesionales sanitarios manipula unos documentos durante la pandemia de Covid-19. Foto: EFE
Profesionales sanitarios, investigadores y académicos quieren poner fin a la arbitrariedad en las decisiones del Gobierno sobre la gestión de la pandemia del coronavirus. Un total de 300 expertos han firmado conjuntamente un manifiesto para exigir la creación de un organismo independiente que evalúe todas las políticas sanitarias relacionadas con la Covid-19.
El objetivo es poner en marcha una institución similar a la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) para fiscalizar todas las decisiones vinculadas con la crisis sanitaria tomadas por Salvador Illa y Fernando Simón, desde el suministro de medicamentos hasta las indicaciones terapéuticas que deberán seguir los encargados de combatir en primera línea contra la enfermedad.
Los profesionales que trabajan a diario en los hospitales, universidades y centros sanitarios de todo el país han evidenciado la necesidad de tener un organismo sin influencia política que facilite la rendición de cuenta de los gobernantes. «El momento en que vivimos exige reformas de gran calado», han sentenciado.
Los firmantes han puesto como ejemplo algunos organismos que sí que están presentes en otros países como el Instituto Nacional de la Excelencia en la Salud y los Cuidados de Reino Unido (NICE), que ha fiscalizado algunas de las políticas desarrolladas por Gobierno de Boris Johnson desde el inicio de la pandemia.
Los expertos exigen evaluar el impacto económico de las políticas sanitarias
El organismo independiente que reclama la comunidad sanitaria y científica no solo serviría para aportar mayor rigor técnico a las políticas de la Covid-19, sino que también persigue aumentar la “transparencia” sobre la inversión económica de los distintos departamentos de salud.
Los expertos exigen un organismo que sea capaz de evaluar «si los beneficios sanitarios y sociales de una intervención en salud valen lo que cuestan». Un mecanismo para garantizar el uso racional de los recursos públicos en la promoción de la salud y la gestión de calidad de los servicios sanitarios.
La propuesta choca con la falta de transparencia que el Gobierno ha llevado a cabo en algunas de sus gestiones sanitarias desde el inicio de la crisis sanitaria, como el secretismo que rodea al grupo de expertos que elaboró las pautas en la fase de desescalada tras el primer confinamiento domiciliario de la primavera, cuyas identidades Illa y Simón se niegan a desvelar.
Salvador Illa y Fernando Simón | EFE
También serviría para evaluar la inversión que se ha realizado en materia sanitaria en el borrador de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) del año 2021. El documento elaborado por la coalición del Partido Socialista y Unidas Podemos, que ha destinado 7.330 millones de euros directamente a acciones relacionadas con la salud. Más de 1.000 millones se han reservado para los proyectos de adquisición y reparto de vacunas de la Covid-19.
Sanitarios, investigadores y académicos esperan que este proyecto coloque al Sistema Nacional de Salud en el siglo XXI, gracias a la evaluación de un organismo con autonomía funcional y personalidad jurídica propia. “Ahora es el momento, no hay excusas”, han coincidido.
