11 vocales del CGPJ piden a Lesmes otro pleno para debatir la reforma del Gobierno

Continúan las desavenencias con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Once vocales de este órgano han solicitado a su presidente, Carlos Lesmes, un Pleno para debatir la propuesta del Gobierno que limita sus competencias. Precisamente, la reforma se discute este martes en la Cámara Baja y, tanto PSOE como Podemos, se muestran optimistas en sacarla adelante. 

Once vocales del CGPJ han solicitado a Lesmes la convocatoria de un pleno extraordinario o, en su caso, la inclusión en la reunión prevista para el próximo jueves de un nuevo punto en el orden del día. Los vocales han presentado hasta dos peticiones alegando que nadie les ha preguntado y son, al fin y al cabo, los principales afectados por la reforma que buscan los partidos. 

Los vocales Juan Manuel Fernández, Nuria Díaz Abad, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán, María Ángeles Carmona y Carmen Llombart reclaman «examinar la reforma» del Gobierno por el pleno del órgano de gobierno de los jueces.

Mientras que los magistrados José María Macías, José Antonio Ballestero, Juan Martínez Moya, Victoria Cinto, Wenceslao Olea y Rafael Fernández Valverde registraron un segundo escrito donde recuerdan que la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé que las Cortes puedan solicitar informe del Consejo en el caso de proposiciones de ley presentadas por los grupos parlamentarios.

Limitar los nombramientos 

El objetivo de la reforma que este martes se debatirá en el Congreso es que el CGPJ en funciones no haga nombramientos discrecionales ni de altos cargos judiciales (presidentes de Audiencias, Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional ni presidentes de Sala, magistrados o vicepresidente del Tribunal Supremo) ni de su propio organigrama (directores de la Escuela Judicial y del Centro de Documentación Judicial, Promotor de la Acción Disciplinaria, el director del Gabinete Técnico del Consejo o jefe de la Inspección). 

Algo que, según ha podido saber Economía Digital, no convence a todos los presentes que forman parte en este órgano, porque el Consejo no podrá realizar nombramientos de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que les corresponden, entre otras cosas.

Aunque tal y como publicó ED, Lesmes ya anunció que mientras la norma no se apruebe y no haya acuerdo entre PSOE y el PP, el presidente del CGPJ seguirá realizando los nombramientos correspondientes. 

Fuentes judiciales recuerdan, además, que «la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la UE lo dice bien claro, cuando una proposición de ley se refiera a los aspectos nucleares del estatuto de los miembros del Poder Judicial o afecte a sus funciones debe escucharse a todos los sectores implicados. Esto nos incluye y aquí nadie nos ha pedido ningún informe, ni siquiera opinión», critican. 

El malestar interno del CGPJ ya viene de lejos. El órgano que dirige a los jueces anunció el pasado 30 de octubre que permanecería vigilante ante la propuesta, sobre todo, si fuera tomada en consideración por el Congreso. Asunto que justamente se debate este martes en sede parlamentaria. 

Una «intromisión del Gobierno»

Las espadas siguen más en alto que nunca hasta el punto que la Asociación Profesional de Magistratura (APM) denuncia una «auténtica intromisión del Gobierno» en la reforma del CGPJ. Su portavoz María Jesús del Barco sostuvo, en una entrevista en Onda Cero, que el CGPJ debe seguir actuando mientras no se produzca su renovación y denuncia que «la reforma que se pretende por parte de Unidas Podemos y PSOE, en definitiva por el Gobierno, es vaciar de contenido a las funciones» de este órgano.

Cree que su intención es «evitar que el consejo que haga nombramientos, una vez mas obviando la separación de poderes y obviando el respeto a la independencia judicial» porque, según explicó, «debe entender que estos nombramientos no le favorecen».

Por ello, recalcó que «supone una autentica intromisión del Ejecutivo y Legislativo en el poder Judicial», por lo que desde la AMP no pueden «hacer otra cosa que rechazar esta reforma que llega este martes al Congreso».

Asimismo, emplazó a los políticos a alcanzar la mayoría de 3/5, «mientras tanto, su incompetencia o incapacidad para llegar a un acuerdo no la trasladen a un órgano constitucional e independiente de su actividad política», declaró.

«Estará lista en enero»

PSOE y Unidas Podemos buscan aprobar esta tarde la reforma para que esté lista en enero. Así lo desvelan fuentes parlamentarias a ED adelantando su intención de pedir que se habilite el primer mes del año, que suele estar fuera del periodo de sesiones, para aprobar la reforma cuanto antes. 

Los dos partidos que conforman el Gobierno se escudan en que la iniciativa, al ser registrada como proposición de ley y no como proyecto del Ejecutivo no requiere informe del CGPJ ni del Consejo de Estado.

Tras su registro el pasado miércoles 2 de diciembre, la Mesa del Congreso la calificó dos días después para publicarse en el Boletín del Congreso y fue remitida al Gobierno, que dio su conformidad para que la Junta de Portavoces pudiera incluirla en el orden del día del Pleno que se celebra este martes. Tanto PSOE como Podemos confían en superar este trámite e insisten en que «estará lista en enero».