La presentadora María Casado critica que RTVE sea un «juguete político»
María Casado, cesada de La 1 en mayo tras cosechar su mejor audiencia, dice que el control político merma la libertad de los trabajadores de RTVE
Radio Televisión Española (RTVE) es un «juguete político», según María Casado, presentadora de La 1 que fue cesada el pasado mayo cuando lograba sus mejores datos de audiencia.
La periodista, que ha aprovechado su salida de la corporación para incorporarse a una productora con Antonio Banderas, ha necesitado pocas palabras para describir el disgusto que sienten muchos trabajadores del ente.
Ha sido en una entrevista en El Hormiguero en la que, por primera vez en siete meses, ha hablado públicamente de su salida de TVE.
Lo ha hecho en términos respetuosos y amistosos, pero sin maquillar lo que durante décadas ha sido un problema estructural de la televisión pública: que la independencia y pluralidad que en teoría le blindan están más bien a merced de la administración de turno.
Y lo ha dicho además al mismo tiempo que el Congreso de los Diputados confirmaba que, tras más de tres años de haberse aprobado la última ley de RTVE, el concurso público para elegir a su cúpula —avalado por las Cortes en 2017 y puesto en marcha en 2018— no llegará a término, pues los partidos políticos ignorarán el criterio de los expertos a los que ellos mismos consultaron y eligirán por su cuenta a los vocales de la corporación.
María Casado, sobre su cese de TVE: «Fue un shock»
Sobre su despido, uno de los primeros de una batería de ceses y nombramientos llevada a cabo desde mayo por Enric Hernández (director de información y actualidad) y Rosa María Mateo (administradora única), Casado ha explicado que para ella fue un «shock», puesto que llevaba veinte años en RTVE. «Son muchas horas, mucha dedicación», ha afirmado, añadiendo: «Tengo tantos amigos allí…».
«Sabes que en la tele siempre hay relevos; que ponen, que quitan, que hay otras apuestas por otras personas, y me dijeron que no iba a seguir», ha dicho quien fuera presentadora de Las mañanas, un espacio que poco después RTVE canceló para revolucionar la franja matinal con dos producciones semiexternalizadas: La hora de La 1, con Mónica López, y la polémica Las cosas claras, con Jesús Cintora.
Cuando le han preguntado si puede ser independiente una televisión pública con dirigentes políticos que creen que son dueños de la misma, Casado simplemente ha dicho: «Creo que te has respondido tú mismo».
«Yo estoy deseando que todas las radios y teles públicas de este país y todos sus profesionales, que son muchos, puedan trabajar con esa libertad fuera del juguete político en que para muchos se ha convertido eso», ha zanjado.
La independencia irrealizable de RTVE
Esa falta de independencia o libertad debido al control político teóricamente iba a remediarse con el concurso público para nombrar un nuevo consejo de administración de RTVE, algo que ya no sucederá por decisión de PSOE y PP.
El concurso era la punta de la lanza de la ley de RTVE aprobada en 2017, que en su propio nombre fijaba la meta de «recuperar la independencia» y «el pluralismo» en la corporación.
Los mismos políticos que hace tres años nombraron un comité de expertos para valorar las candidaturas a presidir RTVE ahora desoyen a esos expertos, que habían elegido a 20 finalistas, de los que los parlamentarios debían seleccionar a los diez consejeros del ente. Una serie de retrasos y problemas hizo esto imposible y los partidos decidieron que serán ellos mismos quienes propondrán a sus favoritos.
El concurso llevaba varios meses peligrando. Los mismos candidatos finalistas lo denunciaron y pidieron una solución rápida a las Cortes, sin que ello implicara echar por tierra el baremo de los expertos. Los consejos de informativos de TVE, RNE y RTVE.es se quejaron en octubre pasado de que los partidos hayan dejado «languidecer un proceso que debía revitalizar y democratizar la gobernanza de la corporación pública».
«No estamos dispuestos a consentir que, junto al concurso público, agonice también un gran medio de comunicación y con ello el papel del servicio público en esta democracia, lo que degradaría profundamente su calidad, con trascendentales consecuencias que se podría deplorar durante décadas», decía el comunicado conjunto de los consejos de informativos, tan ignorado por las Cortes como el baremo del comité de expertos.