Mas y Puig toleraban las mordidas de CDC (surgen los correos delatores)

El empresario Juan Antonio Salguero declaró a la Guardia Civil en febrero del año pasado que había informado personalmente de las mordidas que le exigía Convergència (CDC) tanto a Artur Mas como a Felip Puig. Salguero precisó a los agentes que, en 2003, envió un correo electrónico a Mas, cuando este era consejero del gobierno de Jordi Pujol, y habló por teléfono con Puig para decirles que la empresa pública Adigsa le reclamaba una comisión del 20% por la reforma de 18 pisos de protección oficial. Esos correos se hicieron públicos este lunes.

Según la declaración de Salguero y los correos-e a los que ha tenido acceso El Confidencial, Mas le envió a su jefa de prensa y a Ferran Falcó. En aquellos momentos, Falcó era directivo de Adigsa, la empresa pública que le encargó diversos contratos de reformas de viviendas.

Salguero contactó durante el último gobierno de Pujol con José María Penín, un colaborador de Adigsa del entorno de confianza de Puig, por aquel entonces consejero de obras públicas de la Generalitat. Penín le ofreció 18 contratos menores por importes inferiores a los 30.000 euros, de manera que se evitó la convocatoria de un concurso público.

Cuando el constructor intentó cobrar parte de la obra realizada, siempre según su versión, Penín le indicó que debía incrementar las facturas en un 20%, que era la supuesta mordida para el partido. Salguero llamó a Puig para comunicarle que estaba siendo víctima de un “chantaje”, pero este sólo le preguntó como iba a realizar el pago, según declaró el constructor a la Guardia Civil. Salgueró optó por pagar. Dijo que entregó el dinero en efectivo a Penín en un encuentro de ambos en un bar.

La jueza que exoneró a Falcó, después fue premiada por Mas

Ferran Falcó fue investigado en la trama del caso Adigsa. No obstante, la jueza instructora, Núria Bassols, exonero a Falcó de cualquier responsabilidad cuando era diputado en el parlamento catalán y concejal de Badalona. Posteriormente, en 2013, Mas nombró a la magistrada Bassols como comisionada para la transparencia de la Generalitat.

Con motivo de la operación Petrum sobre la financiación irregular de Convergència, la Guardia Civil ha detenido dos veces desde 2015 al marido de la magistrada, el empresario gerundense Josep Maria Bassols, delegado en Cataluña de la constructora Oproler. Por cierto, los investigadores hallaron otro correo electrónico por el que este empresario pide a Mas que valore su situación y la de su esposa por los “servicios” prestados.