Torra aplicará la ‘ley mordaza’ por retirar lazos amarillos
La Generalitat multará a los identificados por retirar lazos amarillos con hasta 30.000 euros en aplicación de la 'ley mordaza'
Un hombre coloca lazos amarillos en una calle de Barcelona | EFE/MP/Archivo
El independentismo recurrirá a la ley de seguridad ciudadana, también conocida como ley mordaza, para perseguir a los ciudadanos que retiren lazos amarillos de las calles de Cataluña. Pese a que la citada norma ha sido criticada con dureza por partidos como ERC o el Pdecat, que piden su derogación, ahora se aplicará en los casos de retirada de símbolos independentistas.
Los Mossos d’Esquadra identificaron este viernes a catorce personas en las localidades tarraconenses de Móra la Nova, Tivissa y Vandellòs que supuestamente planeaban la retirada de lazos amarillos en municipios de la comarca de las Tierras del Ebro.
Los agentes de la policía autonómica detectaron tras recibir un aviso un vehículo en el que viajaban cuatro posibles autores de la retirada de lazos. Tras darles el alto, detectaron que los individuos portaban mapas y herramientas como palos y frontales de luz que podían emplear para retirar los símbolos independentistas. Posteriormente pararon a otros dos vehículos e identificaron a otras diez personas, uno de ellos guardia civil.
Multas de 601 a 30.000 euros por retirar lazos amarillos
Este domingo el Departamento de Interior ha anunciado a través de Twitter que inicia acciones contra las catorce personas identificadas por una «presunta infracción grave» de la ley 4/2015 de seguridad ciudadana, que sanciona estas acciones con multas de entre 601 y 30.000 euros.
@mossos identifiquen 14 individus a Móra la Nova, Tivissa i Vandellòs com a possibles autors de danys al domini públic @interiorcat inicia accions per pressumpta infracció greu de la Llei 4/2015 de seguretat ciutadana que sanciona aquestes accions amb multes de 601 a 30.000€
— Interior (@interiorcat) 18 d’agost de 2018
El vicepresidente de la Generalitat, Pere Aragonès, aprovechó los hechos para pedir al gobierno de Pedro Sánchez que «vigile a sus uniformados» ante los “ataques a la libertad de expresión”, después de trascender que uno de los identificados pertenecía a la Benemérita.
