Torra acusa y a la vez suplica a Sánchez

Quim Torra aprovechó este martes el balance de su primer año de mandato para acusar al gobierno de Pedro Sánchez de «vulnerar la legalidad internacional» por hacer oídos sordos a la opinión emitida por un grupo de trabajo de las Naciones Unidas favorable a la excarcelación de los líderes independentistas procesados, pese a que se trata de un documento no vinculante, no de una resolución de la ONU.

Torra, que se aferró a esa idea de «acusar al Estado» de la que el independentismo hace divisa hace tiempo, advirtió a Sánchez de que, a su juicio, «los indicadores democráticos» de España «están bajo mínimos», y de que «su incumplimiento de la legalidad internacional se le girará en contra». Y, de paso, cargó contra la fiscalía por haber mantenido el delito de rebelión y haber calificado en su informe final el procés de «golpe de estado». «Es extraño hablar de golpes de estado cuando todo es un proceso que se aprueba con mayoría absoluta en el Parlament, luz y taquígrafos», ironizó. 

El president también exhibió su cara más beligerante cuando insistió en la teoría conspirativa de Junts per Catalunya (JpC) según la cual hay una «operación de estado» para impedir que el independentismo gobierne en el Ayuntamiento de Barcelona, supuesta maniobra frente a la que reclamó «una respuesta de país» teniendo tantos gobiernos y alcaldes independentistas como sea posible. 

Pero las acusaciones no fueron óbice para que Torra a la vez le pidiera una vez más a Sánchez que vuelva a la mesa de negociación tras la ruptura de las conversaciones entre la Generalitat y la Moncloa que propició la convocatoria de elecciones generales. Y que lo haga aceptando la figura del «relator» para terciar en las conversaciones, espoleta que desencadenó la ruptura, y sin cortapisas para hablar de nada, tampoco del derecho de autodeterminación. «Yo aún no sé qué quiere el gobierno de España para Cataluña», remarcó una vez más, pese a que sí lo sabe: hace ya meses que el govern rechazó la oferta del ejecutivo central de impulsar una reforma estaturaria.

Torra siguió navegando por las aguas de esa ambivalencia que ha convertido en santo y seña. Así, pese a reclamar la constitución de ayuntamientos independentistas, evitó aclarar qué pasará si ERC, socio minoritario de su gobierno, da la espalda a Junts per Catalunya (JpC) a la hora de formar un ejecutivo municipal en Barcelona en beneficio de los comunes de Ada Colau.

Y, pese a insistir en que no tiene intención de convocar elecciones anticipadas, reiteró a la vez que la sentencia del juicio del procés, prevista para otoño, será «un punto de inflexión» que también requerirá «una respuesta de país». Lo que no excluye, claro, unas elecciones, si así lo decide el Parlament, que es el organismo en el que siempre ha dicho que delegará la decisión, aunque la convocatoria de comicios es una prerrogativa exclusiva del president.