Los críticos del PSOE con Iglesias exigen marcar distancias con sus problemas judiciales

La figura de Pablo Iglesias vuelve a dividir al Partido Socialista. El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón sorprendió este miércoles a propios y extraños cuando solicitó al Tribunal Supremo que investigue a Iglesias, por el ‘caso Dina’. Nervios en Podemos y preocupación entre los socialistas.

“Aún es muy pronto para anticipar qué sucederá, pero yo miro por mi partido y considero que esto sí que nos podría pasarnos factura, claro”, dice un dirigente socialista, que considera que es el momento de marcar distancias con Iglesias. “Cuando se está en un gobierno de coalición sabes que lo que afecta a uno pasa factura al otro y viceversa”, subraya otro veterano de la formación para dar a entender que conviene no acercarse a las brasas de Podemos.

La posible imputación de Pablo Iglesias puede ser un torpedo en la línea de flotación del PSOE. Si las salidas de tono con el Rey ya provocan malestar entre algunos ministros socialistas porque podrían traducirse en un castigo de la ciudadanía, la posible imputación del vicepresidente, temen en el PSOE, podría perjudicar todavía más.

Tal y como publicó Economía Digital, miembros del Gobierno reconocen en privado que el veto al Rey les ha pasado factura. La situación judicial de Iglesias solo hace que añadir inquietudes en el PSOE, puesto que, según admiten, la propia petición del juez para que se le investigue ya es por sí solo un motivo de desgaste.

El PSOE teme que el escándalo afecte a los Presupuestos

No acaban aquí los temores. Fuentes socialistas temen que las causas abiertas contras Podemos ‘exploten’ antes de que el Gobierno de coalición consiga los apoyos suficientes para aprobar los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

La posible imputación de Iglesias alejaría al resto de partidos, incluso a los socios del Gobierno de coalición, a sentarse en la mesa a negociar las cuentas públicas. Cabe recordar una de las seis condiciones que puso Ciudadanos para dar el ‘sí’ a la investidura de Mariano Rajoy y a negociar cualquier cosa con el PP: que ninguno de sus miembros estuviera imputado.

De momento, Unidas Podemos lo está como partido, también la mano derecha de Iglesias, Juanma del Olmo, que tendrá que declarar el próximo 20 de noviembre.

Inés Arrimadas, por el momento, sigue en la mesa de negociación, pero no todos los partidos piensan igual y si a esto se le suma la posible imputación de Pablo Iglesias, algunos grupos consultados se pensarían si seguir negociando o no. “No pensamos que esto siga adelante, pero exigiremos transparencia como en todos los procedimientos”, responden a ED fuentes del PNV.

Los diputados del PSOE esperan instrucciones de Lastra

Queda lejos, en todo caso, que el Tribunal Supremo abra un procedimiento contra el vicepresidente, ya que como explican fuentes de la Cámara Baja, requiere que el Alto Tribunal solicite al Congreso el suplicatorio porque Iglesias está aforado. Esta autorización precisa la mayoría del Hemiciclo, lo que implicaría el voto a favor del PSOE.

Es por esto por lo que el presidente del Gobierno respira tranquilo. Antes de subirse al avión en su viaje a Argelia, Sánchez aseguró a los periodistas que no está preocupado y arropó al vicepresidente segundo desvelando que ya había mantenido una conversación con él, sin querer concretar el contenido de la misma.

Economía Digital ha hablado con diputados socialistas que prefieren mantener silencio y su anonimato asegurando que “respetan las decisiones judiciales”. En el PSOE no se atreven a hablar hasta que su jefa de grupo, Adriana Lastra, aporte las indicaciones adecuadas al respecto.

El PP tira la toalla con el suplicatorio

Los trámites para la aprobación de un suplicatorio están regulados en los artículos 13 y 14 del Reglamento del Congreso, que establecen una serie de plazos que se contabilizan en días hábiles y que comienzan a contar una vez que llegue a la Cámara el suplicatorio enviado por el presidente del Supremo, actualmente Carlos Lesmes.

En total, son 60 días hábiles, que normalmente no se agotan. El primer paso es la recepción del suplicatorio por la Mesa del Congreso. A partir de ahí, la presidenta de la Cámara, la socialista Meritxell Batet, tendrá cinco días para trasladar el expediente a la Comisión del Estatuto del Diputado, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

Esta comisión, que preside la socialista Begoña Nasarre y cuyas reuniones se celebran a puerta cerrada, deberá dar audiencia a los afectados, bien sea en persona o por escrito, para que puedan presentar sus alegaciones en el plazo de diez días.

Una vez concluya su tarea, la comisión elevará su conclusión al Pleno de la Cámara, que es el que tiene la última palabra y donde el PSOE, con 120 diputados, tendrá la decisión clave.

“No hay nada que hacer entonces. El rodillo parlamentario de PSOE y Podemos bloqueará la votación y el vicepresidente del Gobierno se irá de rositas como siempre”, añade un diputado del PP que ya tira la toalla ante lo que la Audiencia Nacional considera que debería ser investigado.