SCC afirma que el nuevo pacto soberanista «supone un riesgo para la convivencia»
La entidad asegura que el acuerdo entre CDC y ERC "no es legal, ni democrático"
Los partidos soberanistas vuelven a la carga. Después de unos meses de letargo, y con la idea de que podrían desaprovechar una oportunidad única, acordaron la semana pasada una nueva hoja de ruta que aplicarán si logran la mayoría absoluta en las elecciones al Parlament del 27 de septiembre. La entidad Sociedad Civil Catalana ha querido dejar claro que se ese pacto «supone un riesgo para la convivencia».
A través de un comunicado, la asociación que preside Josep Ramon Bosch, considera que se trata de un acuerdo «que no es legal, ni democrático, porque no existe la democracia fuera del Estado del Derecho».
¿Un problema de democracia?
Precisamente ese es uno de los debates centrales que ha querido introducir el soberanismo, al anteponer el voto de los catalanes a la ley del Estado español. En numerosas ocasiones el conseller de Presidència, Francesc Homs, ha reiterado que se trata de un «problema de democracia».
Sin embargo, Societat Civil Catalana, una entidad transversal no independentista, entiende que es la ley la que garantiza un sistema democrático.
Mas, representante del Estado
La asociación considera que el pacto, que implicará una declaración de independencia y un nuevo referéndum en el plazo de 18 de meses para ratificarla, «supone un riesgo para la convivencia porque desconoce y atropella en bloque la legalidad mediante la creación de instituciones que no la reconocen. Se crea de hecho una situación de rebeldía de consecuencias graves e imprevistas».
La entidad advierte de que la preocupación es mayor porque esa nueva hoja de ruta la apoya el President de la Generalitat, Artur Mas, que, «por su condición, como máximo representante del Estado en Cataluña, le corresponde velar por la defensa de la Constitución y de las leyes. Y esa función institucional es absolutamente incompatible con la participación en un plan que pretende la secesión unilateral del territorio catalán y la quiebra del Estado de Derecho, lo que implicaría la ruptura de las normas de convivencia y fracturaría inevitablemente a la sociedad catalana».
