Ruz abre juicio contra los lugartenientes de Pujol en el ‘caso Pretoria’
El magistrado impone una fianza de 102 millones de euros a los acusados
El juez Pablo Ruz ha abierto juicio oral para los11 imputados en la trama Pretoria de corrupción urbanística en Cataluña. Entre ellos, destacan los ex altos cargos de CiU con Jordi Pujol de presidente de la Generalitat, Macià Alavedra y Lluís Prenafeta. La causa también tiene en el punto de mira al ex diputado socialista Luis Andrés García, y el exalcalde de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona) Bartomeu Muñoz.
En el auto de apertura de juicio oral notificado este miércoles, el juez impone fianzas por un total de 102 millones de euros.
Petición Anticorrupción
La Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación, presentado el pasado 29 de diciembre, pidió penas de 6 años y 10 meses de cárcel para Alavedra y Prenafeta y multas que suman 13,7 millones de euros para el segundo de ellos y 10,3 millones para el primero. Entre multas y decomisos reclamó que los 11 acusados pagaran 93 millones de euros.
Las fianzas más abultadas impuestas por el juez corresponden a los principales acusados: Luigi (30,1 millones), Prenafeta (18,2 millones), Alavedra (13,7), María Lluisa Mas Crussels,(12,6 millones).
Con esta decisión, Ruz lleva a juicio esta causa que abrió a finales de enero de 2009 su antecesor en el juzgado, Baltasar Garzón, y en la que llegaron a estar imputadas veinte personas, de las que casi la mitad fueron exoneradas a lo largo de la instrucción.
¿Quién lideraba la trama?
De lo investigado, se concluye que la supuesta trama de corrupción urbanística estaba liderada por Luis García, Luigi, para quien el fiscal pide 8 años de cárcel, y se calcula que esta red defraudó unos 45 millones de euros a los ayuntamientos barceloneses de Santa Coloma de Gramenet, Badalona y Sant Andreu de Llavaneres.
Para el juez ha quedado acreditada la existencia, entre 2000 y 2009, «de una trama dirigida a la realización de labores de intermediación o influencia en adjudicaciones públicas vinculadas a diversas operaciones urbanísticas desarrolladas en el ámbito municipal de determinadas localidades de Cataluña», en concreto de la provincia de Barcelona, «bajo la intervención principal del imputado» Luis García.
Todo ello, prosigue Ruz, «a cambio de la percepción de cuantiosas comisiones respecto de las cuales se procedería ulteriormente a ocultar tanto su titularidad como el origen presuntamente delictivo de las referidas ganancias patrimoniales, con la finalidad de lograr su afloramiento posterior desvinculándolas de su origen».
Con ese fin, los imputados hicieron uso de complejos entramados societarios de entidades domiciliadas en paraísos fiscales como las Islas Caimán y en cuentas en Suiza y Andorra.
