Rajoy se ve obligado a actuar contra las argucias de Puigdemont
Rajoy quiere consensuar con el PSOE una respuesta que puede pasar por el 155 tras el nuevo plan de Puigdemont, que deja a Cataluña en un limbo
El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, se ha visto interpelado. Se ve obligado a actuar contra las argucias del presidente catalán, Carles Puigdemont, después de una sesión en el Parlament que nadie entendió. En la mañana de este miércoles reunirá a su consejo de ministros, con la posibilidad, si la puede consensuar con el PSOE –ese es su objetivo—de aplicar el artículo 155 de la Constitución.
Rajoy deberá actuar, aunque Puigdemont no acabó de declarar la independencia, y los propios soberanistas salieron del Parlament entristecidos y con la idea de que todo se puede venir abajo.
Puigdemont, para empezar, perdió el apoyo de la CUP, con una declaración de independencia que no acabó de producirse, pero que, de hecho, acabó reclamando que se suspendiera ocho segundos después. Sin embargo, los diputados soberanistas y los miembros del Govern firmaron una declaración de independencia en una sala anexa del Parlament, con un enunciado claro: “Constituimos la República catalana, como estado independiente y soberano, de derecho, democrático y social”.
Esa declaración firmada no tiene ningún valor jurídico, porque esa declaración no se proclamó ni se votó en la cámara. Pero, ¿dónde está en estos momentos Cataluña? ¿Cómo se rige? ¿Entra en vigor o no la ley de transitoriedad jurídica?
Ante ese limbo jurídico, ante esas tretas de Puigdemont para mantener un clima de supuesta negociación con el Gobierno central, sin acabar de retirar esa pretensión de declarar la independencia, y haciendo válidos los resultados del referéndum del 1-O, que no fue tal ni han sido homologados por la comunidad internacional, Rajoy se ve en la tesitura de actuar. ¿Pero cómo?
Rajoy quiere a Sánchez a su lado para el 155 y sopesar si puede ser contraproducente
Comentarios internos de militantes soberanistas, vinculados a la ANC, dibujaban un plan para las próximas semanas. No se proclama la independencia, se pide negociar con el Gobierno, y Rajoy, en cambio, aplica el 155 de la Constitución y trata, incluso, de reducir posibles movilizaciones, con el ejército. En ese momento, Cataluña se legitima para proclamar la independencia. Con ese esquema ha soñado y sueña una parte del independentismo.
Ahora, Rajoy deberá buscar la mejor solución. En la noche de este martes se reunió con el líder del PSOE, Pedro Sánchez. Quiere su apoyo para las medidas que pueda tomar. Sánchez se lo da, pero quiere que nadie se precipite, y valorar qué ocurriría con el 155, que, en realidad, supone una suspensión del autogobierno, al asumir competencias de la Generalitat. Rajoy también puede esperar a que la propia Justicia actúe. La Fiscalía puede acusar a Puigdemont del delito de sedición, además de mantener los procesos judiciales abiertos contra los miembros del Govern y contra la presidenta del Parlament, Carme Forcadell.
El caso es que, como apuntan fuentes del PP, el artículo 155 de la Constitución tampoco supone entrar al trapo de inmediato. Es útil ver su redactado: “Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquella al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general. Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.
El 155 pasa primero por un requerimiento al presidente de una autonomía, a que rectifique
Es decir, pide un requerimiento al presidente de la comunidad. Y ese requerimiento pasa, sea o no a través del 155, por la necesidad de saber si Puigdemont sigue validando las dos leyes que se aprobaron en el Parlament, la del propio referéndum y la de transitoriedad, –ilegales– y si sigue asumiendo los resultados del 1-O, que para el Gobierno y la comunidad internacional no tuvieron ninguna validez. Es decir, lo que se le pedirá a Puigdemont es volver a la legalidad, para, a partir de ese momento, iniciar un diálogo de verdad.
La otra opción –aunque ni Rajoy ni el PSOE ven ya clara (fue ilustrativa la advertencia clara del portavoz socialista, José Luis Ávalos)—es no hacer nada.
Puigdemont se encontrará ahora sin el apoyo de la CUP, que se niega a participar más en el Parlament. Las entidades soberanistas, pese a que sus dos presidentes Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, siguen como un solo hombre al lado de Puigdemont (por ahora), vivirán tensiones internas.
El presidente de ERC y consejero de Economía, Oriol Junqueras, estuvo este martes en el Parlament, pero nadie es capaz de constatar que realmente estuvo. Es decir, sigue en una actitud de extrema prudencia, con la idea de que, tal vez, lo mejor sea ya la convocatoria de unas elecciones.
Pese a todo, Cataluña sigue siendo este miércoles una comunidad autónoma
Todo ello supone –sin mediaciones internacionales reales—que el soberanismo se prepara para una lucha electoral, y con contradicciones internas, con dificultades, a partir de ahora, para seguir movilizando a tantos cientos de miles de personas. Y es que muchas de ellas, de esos soberanistas convencidos, se marcharon de las inmediaciones del Parlament con lágrimas en los ojos, con la sensación de haber recibido una gran derrota, sin cánticos al regresar a sus casas.
Todo eso lo sabe el Gobierno de Rajoy, pero este jueves será el 12 de octubre, la presión que recibe el presidente del Gobierno es enorme, y, como punto determinante, la situación en Cataluña se mantiene inmersa en una gran incertidumbre. No ha habido declaración de independencia, y eso calmó el ambiente este martes en Barcelona, pero las empresas siguen inquietas. El Grupo Planeta difundió que dejará Barcelona, y trasladará su sede social a Madrid, y eso después de escuchar a Puigdemont, que para el gigante editorial no despejó las enormes incógnitas sobre el status jurídico de Cataluña.
Pese a todo, Cataluña sigue siendo este miércoles una comunidad autónoma de España. Rajoy deberá acertar con la mejor fórmula para consolidar esa situación, antes de iniciar el necesario diálogo. Primero paso: el consejo de ministros de este miércoles.
