Rajoy acelera ‘las medidas dolorosas’: inminente rebaja salarial a funcionarios y pensiones congeladas
El Gobierno sopesa la rebaja de la masa salarial de todas las administraciones públicas y mantener congeladas las pensiones para combatir el déficit. Además, se intensificará la lucha contra el fraude
El presidente del Gobierno lanzó el globo sonda en la casa de los empresarios. Ante el presidente de la CEOE, Juan Rosell, y toda la junta directiva de la patronal, Mariano Rajoy advirtió que tomará “medidas dolorosas en los próximos meses”. Pero el horizonte temporal será menor y las medidas dolorosas afectarán a dos grandes colectivos: funcionarios y pensionistas.
El poder adquisitivo de ambos grupos se verá fuertemente afectado ya que el Ejecutivo planea recortar sueldos públicos (-10% de media) y congelar las pensiones. Ambas decisiones se comunicarán antes de agosto.
La nueva fase de recortes incluirá la subida del IVA, que supondrá la práctica desaparición del tramo superreducido (productos gravados con el 4%) y la intensificación de la lucha contra el fraude. Se estudia, a petición de Bruselas, subir el IVA general al 20%.
La ejecución presupuestaria de lo que llevamos de año ha encendido las alarmas en Moncloa. El Estado ya ha agotado su margen del 3,5% y no hay visos de que el resto de administraciones sea capaz de ajustarse al objetivo anual: el 5,3% del PIB. Por ello, según fuentes consultadas por este diario, el Gobierno central baraja la posibilidad de extender los recortes salariales a comunidades autónomas, ayuntamientos y otros organismos.
En todas las administraciones
Aún resta pendiente definir como generalizar la decisión al conjunto de las administraciones y qué sucederá con aquellos empleados públicos que trabajan para entidades que se han avanzado y ya han recortado sueldos, como es el caso de Catalunya.
El secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, no descarta este macro recorte. «En el momento en que el Gobierno tome sus decisiones, será informado quien tenga que ser informado, bien sea en el ámbito de las comunidades, si es materia de su competencia, en el ámbito de los sindicatos en materia de la función pública. Donde sea, según la decisión que en su día y en su caso tome el Gobierno, que todavía no ha tomado ninguna», apostilla.
Los ingresos se despeñan
El ministro de Hacienda, Cristobal Montoro, no es capaz de cuadrar las cuentas con las herramientas actuales. Aunque oficialmente, el Gobierno atribuye a las transferencias a autonomías el hecho de que ya haya absorbido su margen de déficit anual radica en una caída fortísima de los ingresos.
La crisis está pasando una factura mayor a la calculada al Estado. Con el análisis de los ingresos de los últimos meses se puede comprobar cómo pese a la subida de siete puntos de media del IRPF (el impuesto sobre nóminas) la recaudación por este concepto apenas ha subido el 0,8%. Mientras, Hacienda ha ingresado por IVA un 10% menos. Ambos impuestos suponen el 80% de la recaudación.
Además el Gobierno, aunque hará la vista gorda con los miles de casos detectados tras cruzar la base de datos de Hacienda con la Seguridad Social y que se han beneficiado de medicamentos gratuitos ilegítimamente –según la ministra de Sanidad–, valora imponer sanciones en futuros casos. Trabajo y Hacienda están intercambiando datos para aflorar el cobro irregular de la prestación por desempleo.