Quim Torra se atrincherará en la Generalitat una vez inhabilitado

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, planea un final político cargado de épica nacionalista. Torra es plenamente consciente de que el Tribunal Supremo lo inhabilitará como cargo público este otoño —él mismo admitió que desobedeció con los lazos amarillos— y quiere escenificar que no acepta esta sentencia. ¿Cómo? «Se va a atrincherar en el Palau de la Generalitat cuando lo inhabiliten», auguran fuentes soberanistas.

Torra ya dio a entender en su día que pretende ignorar al Supremo una vez que el alto tribunal dé por buenos los 18 meses de inhabilitación que fijó el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) como condena por negarse a descolgar los lazos amarillos del Palau de la Generalitat durante la campaña del 28-A.

«A mí no me inhabilitará un tribunal con motivaciones políticas porque sólo puede hacerlo el Parlament de Cataluña», desafió el president a través de una solemne declaración institucional.

Pues bien, las resistencias de Torra se comprobarán este otoño, a partir del 17 de septiembre, puesto que el Supremo fijó ayer, jueves, esta fecha para celebrar la vista que analizará su recurso contra la sentencia del TSJC.

Torra y el calendario electoral

La previsión que hacen las fuentes soberanistas consultadas contiene varios pasos previos antes del atrincheramiento. Torra pretende retrasar al máximo la decisión final del Supremo y, a su vez, la legislatura. ¿Por qué? Porque todo el espacio de Junts per Catalunya (desde Carles Puigdemont al Pdecat) está de acuerdo en que es mejor retrasar las elecciones para dar caza a ERC en las encuestas.

El abogado de Torra, Gonzalo Boye, tiene la instrucción en este sentido de demorar el proceso judicial y una de las opciones que están sobre la mesa es la de recusar al ponente que sustituirá al magistrado Miguel Colmenero en el Supremo (que ha pedido apartarse de esta causa al haber sido designado miembro de la Junta Electoral Central).

Llegados a este punto del otoño, todos los procesos judiciales que afectan a JxCat estarán calientes y, en consecuencia, habrá un contexto inmejorable para denunciar «la persecución» que sufren de parte de las instituciones del Estado. Sea por el caso de Torra, o sea por el caso de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs —imputada por fraccionar contratos en el Institut Català de les Lletres para concederlos a dedo—, habrá material de sobras para que los soberanistas se rasguen las vestiduras.

Alargado lo posible el proceso judicial, será el momento de que Torra tome decisiones. Está sobre la mesa, como siempre, la de convocar una gran movilización aunque adaptada al atrincheramiento en el Palau de la Generalitat.

La idea, en realidad, no es nueva puesto que ya se contempló en el fatídico otoño de 2017, tras la declaración unilateral de independencia tras el referéndum ilegal del 1-O. Se llamaba ‘operación Castells’ y consistía en parapetarse en las instituciones y pedir a la ciudadanía que actuara como escudo humano.

Elecciones en noviembre-diciembre

ERC contempla las maniobras de Torra con desconfianza, puesto que el president se niega a clarificar el calendario electoral, tal y como exigen los republicanos desde hace varios meses. Incluso este jueves, tras anunciarse la vista del recurso del president el 17 de septiembre en el Supremo, la portavoz republicana Marta Vilalta hizo un llamamiento a los partidos independentistas a buscar una estrategia compartida para ser «más fuertes» y «plantar cara a la represión». 

Pero JxCat hace oídos sordos a estas presiones de ERC alegando que su «principal prioridad» ahora es la gestión de la crisis del coronavirus. Su argumento es que aclarar ahora la fecha de las elecciones sería tanto como dar la razón a la Justicia española.

El titular de la Generalitat tiene más opciones a su alcance, pero las fuentes consultadas no las dan como las favoritas. Una de ellas consistiría en forzar el nombramiento de otro president en el Parlament, una operación más que complicada debido a la desunión de las fuerzas independentistas que obligaría, además, a que el vicepresidente —que sería Pere Aragonès (ERC) a menos que hubiera una inesperada crisis de gobierno— fuera el Molt Honorable durante algún tiempo. 

Así las cosas, el nombramiento de un nuevo president se antoja remoto y la opción que se da por probable es que Torra anuncie la fecha electoral poco antes de su inhabilitación. Siguiendo este esquema, las elecciones se celebrarían entre noviembre y diciembre.

Las prisas de ERC

Después de todo, fue el propio Torra el que a finales de enero, cuando anunció el adelanto electoral sin poner fecha, dijo que la legislatura «ya no tiene más recorrido político» por la falta de «lealtad» de Esquerra.

Sin embargo, la realidad de una legislatura rota ha quedado en el olvido con la crisis del coronavirus. «No sé si podremos agotar o no la legislatura, sé que como Govern tenemos que continuar centrados al gestionar la crisis», decía este pasado fin de semana la portavoz del Govern, Merixtell Budó, de JxCat, próxima a Torra y a Puigdemont.

Budó está siendo la encargada de enfriar la fecha de las elecciones a cada comparecencia de prensa, puesto que éste es el interés ahora de JxCat.

Si por ERC fuera, y si la pandemia no hubiese llegado, Cataluña habría ido a las urnas en mayo. Incluso en ese mes de mayo, los republicanos trasladaban que les gustaría tener elecciones en julio, cuando también se celebrarán las vascas y gallegas. Pero es junio y JxCat apenas afronta las primeras discusiones para reordenar su espacio político con la incógnita de cuál será su relación con el Pdecat y la Crida, el nuevo partido de Puigdemont. Saben que habrá elecciones, pero cuando ellos quieran.

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