Quim Torra intervendrá los alquileres pese a las dudas legales
Torra pretende aprobar la polémica medida pese a la amenaza sobre la economía catalana, donde los inversores podrían perder el interés a favor de Madrid
Bloques de pisos en l’Hospitalet de Llobregat / ED
El Parlament se dispone a intervenir en el precio de los alquileres pese a los varios recursos ante el Tribunal Constitucional (TC) que podrían conllevar su suspensión, que sería inmediata si el Gobierno toma la iniciativa de recurrir la norma. El Govern registró la proposición de ley, que cuenta con el apoyo de JxCat, ERC, los comunes y la CUP.
El Govern pretende con su medida, apoyada por el Sindicat de Llogaters, intervenir el mercado del alquiler para bajar los precios en los 60 municipios catalanes de más de 20.000 habitantes. La medida obligaría a los propietarios a alquilar sus viviendas incluso por debajo del precio de mercado.
Pese a los intentos de Torra, su recorrido es incierto. El Consejo de Garantías Estatutarias –órgano consultivo catalán que analiza si las iniciativas se ajustan al Estatut y a la Constitución– ha dictaminado que varios de los artículos de la proposición de ley son inconstitucionales.
Pedro Sánchez podría impugnar la ley, que quedería suspendida de inmediato una vez se admita a trámite. Si es un grupo quien la recorre –como es el caso del PP– la norma seguirá en vigor hasta que el Tribunal Constitucional la resuelva. La postura del Gobierno será una incógnita, puesto que comunes, representados en el Ejecutivo por Manuel Castells, votarán a favor de la medida.
Perjuicio a la economía catalana
Varias voces se han pronunciado contra la medida del Govern. La asociación de propietarios de viviendas en alquiler ASVAL y la patronal Foment del Treball han avisado que se producirá un traslado de inversiones inmobiliarias de Cataluña hacia otras comunidades autónomas, especialmente a Madrid, si este miércoles se aprueba la ley catalana para limitar el precio de los alquileres.
La asociación de propietarios que dirige Beatriz Toribio ha remarcado que, de aprobarse esta nueva ley, generará “enormes desequilibrios” en el mercado del alquiler en Cataluña y ahuyentará la inversión necesaria para desarrollar un sector profesionalizado ante la falta de seguridad jurídica.
En el mismo sentido, la patronal que preside Josep Sánchez-Llibre ha indicado que esta ley provocaría que los inversores pierdan interés por el mercado inmobiliario catalán y, por lo tanto, que se decanten por otras autonomías. Desde Foment se insiste en que esta medida legislativa “hundirá” a medio plazo el sector inmobiliario en Cataluña.
