Pujol se libra de la trama empresarial
La imputación se refiere únicamente a su papel en el diseño del mapa de ITV y deja a un lado la acusación por participar en la deslocalización de Sony, Yamaha y Sharp
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha delegado la responsabilidad de investigar a Oriol Pujol por el caso ITV en el magistrado Enric Anglada. La decisión supone la desvinculación (al menos, por ahora) del aún secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) de la parte de la trama que afectaba a la deslocalización de las empresas Sony, Yamaha y Sharp y que también apuntaba a su esposa, Anna Vidal.
Pujol está imputado por un presunto delito de tráfico de influencias. La sala de lo civil y penal del TSJC ha señalado en un auto que el hijo del ex presidente de la Generalitat utilizó su «peso político» con el «objetivo de obtener un beneficio económico, para él y para sus amigos o colaboradores». La investigación de Anglada se centrará en probar si Pujol medió para colocar a gente de su confianza en cargos en el departamento de Empresa i Ocupació que eran claves para el rediseño del mapa de las estaciones de inspección técnica de vehículos (ITV) y su posterior adjudicación fraudulenta.
El ‘otro’ caso
No obstante, la trama también tiene otra cara que se mantiene de forma íntegra a cargo de la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona, Sílvia López Mejías. Fuentes judiciales conocedoras del caso apuntan a que es poco probable que Oriol Pujol deba responder por ella. “No existen elementos para imputarle en ella”, apuntan. Los mismos interlocutores aseguran que la investigación en el juzgado de instrucción está “bastante avanzada” aunque reconocen que aún queda margen para darla por finalizada.
Este segundo capítulo del caso ITV se centra en analizar el papel de los presuntos empresarios corruptos en las operaciones de deslocalización de las compañías Sony, Yamaha y Sharp mediante la consultoría Alta Partners, propiedad de Sergi Alsina, amigo íntimo de Pujol. Tal y como se recoge en el sumario, hay varios indicios que apuntan a que el diputado convergente intermedió con la Administración para lograr que la empresa de su ex compañero de estudios realizara las labores de mediación. Las conversaciones y mensajes interceptados por la Guardia Civil muestran como posteriormente la esposa de Pujol, Anna Vidal, cobró varias facturas de entre 5.000 y 200.000 euros de Alta Partners.
Causa interconectada
Las dos partes del caso están estrechamente conectadas por Pujol, Alsina y el consejero delegado de la empresa Upprime Energy, Sergio Pastor. Estos vínculos pueden suponer un problema para los magistrados que se encargan de sus respectivas instrucciones, apuntan las mismas fuentes.
La causa se ha dividido en una pieza principal y una separada únicamente por la imputación de Pujol. Al ser aforado, en tanto que diputado del Parlament, el secretario general de CDC no puede ser citado a declarar por un juzgado ordinario y ha precisado la intervención de un juez del TSJC.
