Puigdemont ya tiene la ley que quería para una teleinvestidura imposible

Siguiendo su guión al pie de la letra contra viento, marea y el dictamen del Consejo de Garantías Estatutarias (CGE), la mayoría independentista ha aprobado este viernes la reforma de la ley de presidencia diseñada por Junts per Catalunya (JpC) al servicio de una imposible teleinvestidura de su jefe de filas, el ex presidente Carles Puigdemont. El gobierno ya advirtió que la recurriria al Tribunal Constitucional, lo que supondría su suspensión cautelar de forma automática.

El texto aprobado permite que el Parlament autorice por mayoría absoluta que el candidato pueda ser investido a distancia, una previsión que el CGE advirtio que vulnera la Constitución, el Estatut y el reglamento de la cámara catalana. La norma también avala que el gobierno pueda reunirse por medios telemáticos, un extremo que el Consejo entiende que solo sería pertinente siempre que sus miembros estuvieran en Cataluña.

Diálogo de sordos

La votación ha servido de coartada para el enésimo debate servido en forma de diálogo de sordos, y de trámite, entre el bloque independentista y el resto de la cámara. Los primeros, dedicados a insistir en la soberanía del Parlament y denunciar “la represión” y la “vulneración de derechos” que a su juicio suponen la aplicación del 155 y las medidas judiciales. Los segundos, remarcando el carácter estéril de lo que el líder del PSC, Miquel Iceta, ha calificado de “intento torpe de reforma”, reforzados por el dictamen del CGE.

El debate, de hecho, ha arrancado con una discusión en torno de la pertinencia de aprobar la norma por el método de lectura única, es decir, la vía exprés escogida, que el consejo también concluyó que no era utilizable en este caso, porque está acotada a reformas legislativas de escaso relieve y/o que susciten mucho consenso.

Castellà ha alegado que el consejo es un órgano consultivo, y sus dictámenes, no vinculantes

El representante de JpC, Albert Batet, ha alegado que el propio CGE admite en su informe tener un criterio sobre la vía exprés “más restrictivo” que el del TC, y el de ERC, Antoni Castellà, que el consejo es un organismo consultivo, y sus dictámenes, no vinculantes. La paradoja al respecto la ha evidenciado el líder de Catalunya en Comú Podem, Xavier Domènech, al recordar que si los informes del consejo no son vinculantes es solo a raíz de los recortes que el TC aplicó al Estatut en 2010, porque estaba previsto que sí lo fueran.

Cs, PSC y PP han recordado los numerosos avisos recibidos por el Parlament de que la reforma es ilegal y la investidura a distancia, inviable: los del consejo, los del Tribunal Constitucional y los de los los letrados de la propia cámara catalana, pero apelaron también al “sentido común”.

«Como Berlusconi»

Arrimadas ha comparado la situación con la ley de impunidad que se aprobó en Italia a medida de las necesidades de Silvio Berlusconi», y Iceta ha argumentado que “no se puede hacer una investidura sin candidato, ni gobernar Cataluña desde fuera de Cataluña”. “El PSC avaló que Catalunya sí pueda ser gobernada desde Madrid. Le pido rigor, señor Iceta”, le ha contestado Batet. La contraréplica de Iceta ha sido una sonora carcajada.

Castellà ha acabado admitiendo la mayor, que la reforma no servirá para nada y que «el debate de fondo» no era sobre la aplicación de medios telemáticos, ni siquiera sobre la investidura de Puigdemont, sino que «sirve para denunciar y poner en evidencia que algunos no aceptan los resultados electorales , y que vivimos un momento de involucion democrática, debatiendo en un parlament intervenido.

«Admite que no sirve para nada. Pues a mi me gustaría hacer cosas que sirvieran para algo», le ha replicado Doménech, que ha preguntado a los diputados de JpC si saben si habrá investidura o elecciones: «Me da la sensación de que no, y no sé ni si lo sabe Puigdemont».