El Tribunal de Cuentas cita a Puigdemont y Junqueras por el 1-O
El órgano fiscalizador convoca a una treintena de exconsellers y altos cargos para fijar su responsabilidad económica en los preparativos del referéndum
El Tirbunal de Cuentas ha citado al expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y al exvicepresidente, Oriol Junqueras, junto al resto del que fue su gobierno para fijar la liquidación provisional de los gastos derivados del referéndum ilegal celebrado el 1 de octubre de 2017.
Puigdemont y Junqueras tienen que comparecer el 28 de enero a las 9.30 horas, junto con el resto de exconsellers y otros 15 altos cargos de la administración que organizó la consulta.
Además de la fiscalía, las entidades Societat Civil Catalana (SCC) y Abogados Catalanes por la Constitución (ACC) también habían presentado una denuncia conjunta ante el Tribunal de Cuentas contra todos los miembros del Govern catalán por la organización del referéndum para que devuelvan los gastos que comportó el mismo y que se sufragaron con dinero público.
Junqueras y los exconsellers Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa fueron condenados, además de por sedición, por malversación de caudales públicos, pero, en su sentencia, el Tribunal Supremo (TS) no fijó la cantidad de dinero malversado, dejando esa decisión en manos del Tribunal de Cuentas.
Tras nuestra denuncia reclamando a los responsables del 1-O que devuelvan todo el dinero público que destinaron a esta jornada ilegal, el Tribunal de Cuentas ha citado a Puigdemont y Junqueras entre otros.
Democracia es exigir un uso responsable del dinero de todos los catalanes. pic.twitter.com/cqqqL1tTe6— Societat Civil Catalana (@Societatcc) 28 de noviembre de 2019
A pesar de eso, existen algunas aproximaciones. La fiscalía calculó una factura de más 900.000 euros por el arrendamiento de los locales para la votación, cerca de un millón derivado de gastos publicitarios, otro tanto en papeletas y unos 40.000 euros en cartelería. A estos habría que añadir los gastos de la «acción de la Presidencia catalana» en el exterior, que según el ministerio público asciende a casi 2,5 millones de euros.
Además de Puigdemont, Junqueras, Romeva, Rull, Turull y Bassa, el Tribunal de Cuentas también ha citado a los exconsellers Joaquim Forn, Carles Mundó, Santi Vila, Meritxell Borràs, Antoni Comín, Meritxell Serret, Lluís Puig, Clara Ponsatí y Neus Munté, pese a que los cuatro primeros, que también fueron procesados por el Supremo, no fueron condenados por malversación, y a que la última ni siquiera fue investigada.
Serret, Puig, Comín y Ponsatí, por su parte, se encuentran en el extranjero, los tres primeros en Bélgica con Puigdemont, y la exconsellera de Enseñanza, en Escocia, a donde se fugaron para eludir a la justicia española. Pero el Tribunal de Cuentas da la opción a los convocados de delegar la comparecencia en sus representantes legales.
La lista de altos cargos que citados incluye también a Amadeu Altafaj, Natàlia Garriga, Ignasi Genovès, Jaume Mestre, Antoni Molons, Joaquim Nin, Eva María Pardo, Teresa Prohias, Albert Royo, Jordi Serra, Francesc Sutrías, Josep Vidal, Rosa Vidal y Aleix Villatoro.
En un escrito difundido este jueves a través de sus redes sociales, SCC considera que «los líderes del separatismo no pueden continuar utilizando el dinero de todos los catalanes para alvanzar objetivos políticos que no solo no representan al conjunto de la ciudadanía, sino que están fuera de la ley». Asimismo, asegura que «si los representantes del independentismo» siguen adelante con su «deriva separatista», siempre activarán «los mecanismos democráticos oportunos».
La financiación del 9-N fue de 5 millones
Hace un año, el Tribunal de Cuentas ya condenó al expresidente catalán entre 2010 y 2016, Artur Mas, a la exvicepresidenta de la Generalitat, Joana Ortega, y a los exconsellers Francesc Homs e Irene Rigau a devolver al Estado los casi cinco millones de euros utilizados indebidamente para financiar la consulta del 9 de noviembre de 2014.
Ya entonces, SCC fue una de las entidades que se personó en la demanda contra la cúpula del Gobierno de Mas. El informe del ministerio público certificó entonces que el expresidente autorizó gastar 4,99 millones de euros de fondos públicos e incluso permitió que una de las facturas fuera abonada por el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), uno de los organismos gubernamentales de Cataluña.
«El señor Mas Gavarró es la autoridad que aprueba todos los gastos inherentes a la consulta y determina su imputación presupuestaria», determinó entonces la Fiscalía, que responsabilizió a la figura del expresidente catalán «la totalidad de los daños y perjuicios» de la consulta.
