Puigdemont ve a su alcance la inmunidad (y el Supremo está en vilo)

El Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE) está pendiente de decidir si aplica o no la inmunidad parlamentaria a Oriol Junqueras por su condición de eurodiputado. Si la resolución favorece al líder de Esquerra Republicana (ERC), la sentencia permitiría de forma inmediata a Carles Puigdemont entrar en España -sin ser detenido- y poder recoger su acta como parlamentario europeo. 

De hecho, el expresidente de la Generalitat no podría ser juzgado hasta que acabase su mandato en 2023. Otra opción sería que Europa atendiera las súplicas del magistrado Pablo Llarena, que dirige la causa contra Puigdemont, algo que el juez tendría entre sus planes para evitar que el expresident catalán entre en prisión. 

No obstante, según han confirmado fuentes del Supremo a La Vanguardia, todo está sujeto a la decisión del TJUE. De su resolución se conocerá el alcance de la protección parlamentaria. La misma información apunta a que, si se ratifica la condición de eurodiputado tanto de Junqueras como de Puigdemont, estos tendrían inmunidad desde el momento en que fueron declarados parlamentarios, es decir, desde el pasado 26 de mayo, cuando se celebraron las elecciones.

Esto permitiría a Puigdemont, que reside en Bélgica desde hace dos años, volver a España e incluso poder vivir en territorio español sin preocupación de que las autoridades pudieran detenerle. Sin embargo, para que esto sucediera, el expresidente de la Generalitat debería renunciar a su cargo como diputado en el Parlament catalán, lo que le impediría volver a repetir como máximo dirigente de la comunidad.

Descartados los recursos de Puigdemont y Comín

Este mismo miércoles, el Supremo ha anunciado que desestima los recursos de apelación presentados por Puigdemont y por el exdiputado catalán, Toni Comín, que buscaba dejar sin efecto las órdenes de captura emitidas por Llarena. La Sala II del alto tribunal rechaza el argumento de que la decisión del magistrado «no fue motivada» ni «fundada en el derecho» y destaca asimismo que los razonamientos del juez son «claros y no arbitrarios» al mantener la solicitud para entregar a los políticos independentistas fugados.  

También se apunta la «incuestionable persistencia de la situación de rebeldía» de los acusados y considera que para aplicar el «privilegio» de la inmunidad parlamentaria «no basta» con la condición de diputado electo, sino que esto se trata de un supuesto previo al haber adquirido dicha condición. 

Además, el Supremo explica que la situación no es la misma que la de Junqueras. La Sala responde en su nueva sentencia que «no cabe apreciar similitud» entre las peticiones de Puigdemont y el líder de ERC ya que los solicitantes se encuentran «prófugos» de la Justicia española y «habiendo eludido su enjuiciamiento». «No coincide ni lo que se pide, ni cómo se pide por uno y por los otros», concluye la resolución. 

Junqueras ganó el primer asalto

El martes, Junqueras recibió buenas noticias por parte del abogado de la Unión Europea que gestiona su caso. El letrado Maciej Szpunar explicó ayer que la condición de eurodiputado del líder de ERC depende exclusivamente del resultado de los comicios de mayo. En este sentido, Szpunar asegura que esto no puede estar sujeto a otras formalidades como las exigidas por el Ejecutivo español. 

Además, mandó la pelota al tejado del Parlamento Europeo al considerar que es este tribunal el que debe decidir si mantiene o no la inmunidad de uno de sus diputados.  

Ponsatí, otro revés para el Supremo

El pasado día 6, Reino Unido anunció que no tramitaría «por el momento» la euroorden de detención interpuesta por Llarena contra Clara Ponsatí, una de las exconselleras en el Gobierno de Puigdemont, por considerar «desproporcionada» la petición. 

Según la comunicación de la oficina SIRENE -diseñada por el Ejecutivo británico como un mecanismo para comunicar las órdenes de detención europeas- la solicitud de Llarena «ha sido revisada por un abogado especializado que ha determinado que el planteamiento es desproporcionado con arreglo a la legislación de Reino Unido».