Puigdemont quiere proclamar la independencia por la vía urgente (y chapucera)
Junts Pel Sí impulsa una reforma del reglamento del parlamento catalán para esquivar el debate político y el control legal en la aprobación de la ley de desconexión
Carles Puigdemont pretende saltar por encima del control parlamentario en su supuesto camino hacia la república catalana. Junts Pel Sí, la coalición que lidera el Gobierno catalán, presentó este martes un escrito para modificar el reglamento de la cámara catalana y así esquivar el debate político y control legal en la aprobación de la ley de desconexión. Los expertos jurídicos del parlamento ya han advertido de los defectos de forma de esta propuesta, que no podrá recibir el visto bueno –si es que lo recibe– hasta la semana pasada.
El punto central radica en la aprobación de la ley independentista por el procedimiento de lectura única. Esta vía ahora mismo sólo sirve para sacar adelante los proyectos de ley del ejecutivo autonómico o las proposiciones de ley que hayan sido firmadas por todos los grupos parlamentarios. La intención del bloque independentista, a través de la reforma anunciada, es que un único grupo pueda impulsar una propuesta legislativa del calado de la ley de desconexión.
Las trabas, o simplemente el control parlamentario, se reducen sobremanera por esta vía. Para empezar, la ley no ha de pasar por el Consejo de Garantías Estatutarias, el órgano parlamentario que decide si la norma no contradice los preceptos constitucionales y el estatuto autonómico.
Del mismo modo, con la reforma se evitaría el debate parlamentario que permite que los grupos de la oposición presenten enmiendas a la ley, anulando así el papel de la cámara como poder legislativo.
La ley de desconexión o ley de transitoriedad jurídica es el marco normativo acordado por Junts Pel Sí y la CUP para allanar el camino hacia la independencia. Sin embargo, tras su introducción en diciembre pasado, el bloque independentista sigue sin concretar detalles como la fecha para el referéndum. Mientras tanto, la oposición y el Tribunal Consitucional ya han advertido por activo y por pasiva de la ilegalidad de este procedimiento.