Puigdemont ordena el inicio de la desobediencia en el Parlament
El vicepresidente del Parlament, Josep Costa, desatiende una notificación judicial con el argumento de que "no es legítimo" frenar debates en la Cámara
El sector de Junts per Catalunya (JxCat) más próximo a Carles Puigdemont inauguró este jueves otra etapa de desobediencia. Dos de sus miembros en la mesa del Parlament de Catalunya, el vicepresidente Josep Costa y el secretario Eusebi Campdepadrós, ningunearon al funcionario del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que intentó entregarles la notificación del Tribunal Constitucional por la que se suspenden algunas resoluciones parlamentarias y se les advierte de la posiblidad de activar nuevamente el artículo 155.
«No atendimos esta notificación sin legitimidad para aplicar la censura en el Parlament, que no queremos ni podemos aplicar», dijeron los diputados de JxCat en una rueda de prensa este jueves. Costa y Campdepadrós admitieron que recibieron al funcionario, pero que no recogieron ni firmaron la notificación.
Añadieron que el presidente del Parlament, el republicano Roger Torrent (ERC), sí que lo atendió. «Pero él lo explicará luego», afirmaron. El TC le advirtió de que se expone a consecuencias penales si permite este tipo de iniciativas parlamentarias.
La notificación del Constitucional se refiere a las resoluciones sobre la autodeterminación de Cataluña y la reprobación del rey Felipe VI, aprobadas en la Cámara catalana el pasado 25 de julio mediante los votos de la CUP, ERC y JxCat.
Ambas resoluciones fueron suspendidas por el tribunal de forma inmediata, pero Costa afirmó que se han impugnado «fuera de plazo». Los fieles de Puigdemont en el Parlament entraron, de esta forma, en el terreno de la desobediencia.
Se escudan en la “inviolabilidad” del Parlament
El argumento de los miembros de la Mesa de JxCat es que «el Parlament es inviolable y las resoluciones y mociones son parte de la libertad política y no pueden tener un límite en la sentencia previa». En su opinión, el Constitucional pretende aplicar “censura previa” a las resoluciones del Parlament al pedir que no se aprueben este tipo de resoluciones en el futuro.
Estos argumentos recuerdan inevitablemente a los que empleó en su momento Carme Forcadell en su etapa como presidenta del Parlament. Forcadell se justificó de esta manera para explicar por qué permitió la tramitación y votación de las denominadas leyes de desconexión que supusieron uno de los puntos culminantes del proceso soberanista.
Costa y Campdepadrós se expresaron en términos muy semejantes. “No atendimos esta notificación sin legitimidad para aplicar la censura en el Parlament, que no queremos ni podemos aplicar […] El Parlament es inviolable: las resoluciones y mociones son parte de la libertad política y no pueden tener un límite en la sentencia previa […] “El Tribunal Constitucional no puede aplicar censura previa y menos todavía lo puede hacer la Mesa del Parlament, que se debe limitar a la corrección formal”, recalcaron los dos miembros de la mesa de JxCat.
Aprovecharon esta situación para atacar a Pedro Sánchez: “La novedad es que un Gobierno que había prometido no hacerlo lo aplica con el mismo entusiasmo que Rajoy y Sáenz de Santamaría”.
La CUP se ofrece de nuevo
La CUP se ofreció este jueves para formar parte de la mesa del Parlament. A principios de legislatura se planteó la posibilidad de permitir la entrada de un representante de los anticapitalistas, pero entonces se les frenó.
Maria Sirvent, diputada de la CUP, indicó que están dispuestos a formar parte de la mesa para «hacer valer la soberanía» del Parlament. Subrayó que su intención es evitar que el Estado español “vulnere sistemáticamente” los derechos sociales, civiles y políticos.
El presidente del Parlament, Roger Torrent, pidió este jueves a Pedro Sánchez que ponga encima de la mesa “una propuesta política para Cataluña» y renuncie «a trasladar a los tribunales un conflicto político que sólo puede resolverse políticamente».
En una rueda de prensa, Torrent lamentó que el Gobierno del PSOE recurra al TC para suspender declaraciones políticas del Parlament y que, encima, plantee «incidentes de ejecución’ para lanzar advertencias» a él mismo y a la Mesa.
¿Qué efectos puede tener para los miembros de la mesa el no haber firmado la notificación? Eso lo determinará el órgano que la emitió que no es otro que el Tribunal Constitucional.
