Puigdemont insta al separatismo a dejar de pagar impuestos
El Consell per la República, presidido por Puigdemont, invita a la "desobediencia fiscal" contra la monarquía, el Supremo y los cuerpos de seguridad
El Consell per la República, el órgano paralelo de Carles Puigdemont para vigilar al independentismo desde Bélgica, ha convocado este martes una manifestación a las puertas de la delegación de la Agencia Tributaria de Sabadell (Barcelona) y tiene previsto realizar otras protestas similares en distintos municipios catalanes para hacer un llamamiento a la «desobediencia fiscal».
Se trata de una campaña llamada ‘Prou Monarquia‘ (basta de monarquía) en la que se invita a los independentistas a dejar de pagar impuestos destinados a financiar la Casa Real, el Tribunal Supremo y los cuerpos de seguridad.
El expresidente de la Generalitat, fugado hace más de dos años y medio de la justicia española, quiere que los contribuyentes afines a su causa destinen a otras organizaciones los recursos que suelen ir a estas instituciones.
No se trata de «evadir impuestos», sino de «dejar que el dinero vaya a otra causa», dice Montse Berbel, portavoz del Consell en Sabadell. En concreto, la campaña azuza la objeción fiscal contra la monarquía, el Tribunal de Cuentas, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo, la Abogacía del Estado, la Fiscalía del Estado, la Policía Nacional y la Guardia Civil.
En la protesta de este martes, Berbel ha pedido que los contribuyentes opten en su deducción por el Fondo Republicano de Acción Solidaria, impulsado por el Consell para destinar recursos a la lucha contra la Covid-19. El objetivo del govern parainstitucional de Puigdemont es realizar esta campaña de «desobediencia fiscal» anualmente, bajo el argumento de que los independentistas catalanes no deben costear aquellas instituciones estatales de las que no se fían o que, por distintas razones, se han convertido en las bestias negras del soberanismo, como el Supremo, que envió a nueve líderes separatistas a la cárcel.
El Consell estima que cada contribuyente se deja 300 euros al año «manteniendo» a través de sus impuestos la «represión» del Estado, sumando tanto la policial como la monárquica y judicial. «La monarquía se sustenta con nuestros impuestos. La fuerza de la desobediencia fiscal radica en que nos atrevemos a dejar de cooperar con la monarquía y los aparatos represivos que la sustentan, asumiendo las consecuencias para poner en evidencia su represión y violación de derechos», reza la web de la campaña, lanzada el pasado mes de abril bajo el lema «tumba la Monarquía y el coronavirus con una misma acción».
¿Cómo funciona la «deducción independentista»?
Los contribuyentes solo tienen la opción de elegir si sus impuestos se destinan a financiar la iglesia católica o alguna organización benéfica. Es decir, que los independentistas no tienen la posibilidad de evitar que sus fondos costeen la monarquía, la justicia o las fuerzas policiales cuando realizan su declaración de la renta.
Por ello, el Consell per la República ha explicado en la web de la campaña ‘Prou Monarquia‘ los pasos a seguir para aplicar la objeción fiscal sin consecuencias legales, asegurando que la Agencia Tributaria «no siempre» detecta la deducción (por lo que «no siempre» hay problemas al respecto).
Como no se trata de un procedimiento oficial, el Consell ofrece a los interesados la posibilidad de elegir qué importe de la «represión real, judicial y policial» quieren «objetar», o si bien prefieren no pagar ninguno. Una vez elegido el importe, la web da instrucciones para modificar el borrador de la declaración de la renta, explicando que la deducción debe realizarse en las casillas 0605 o 0606 del formulario, en el apartado de retenciones y pagos a cuenta, donde habrá que apuntar una rebaja de 300 euros o menos, según qué instituciones quiere dejar de financiar el contribuyente.
Después, se debe ingresar el importe de 300 euros o menos en la cuenta del Fondo Republicano de Acción Solidaria o alguna otra institución o causa, especificando el concepto del ingreso como «objeción fiscal a la monarquía».
También se pide informar a la Agencia Tributaria de la objeción fiscal, adjuntando el comprobante del ingreso a la institución o causa elegida, y listo. Si Hacienda decide enviar un requerimiento, el contribuyente puede aceptar la liquidación o presentar alegaciones, aunque el Consell insiste en que «no siempre lo hace» ni «acostumbra a sancionar».
¿Es esto legal? Los de Puigdemont explican que no es ilegal. «La objeción fiscal no es un derecho explícitamente reconocido pero existe jurisprudencia según la cual la objeción de conciencia por motivos ideológicos, y por tanto también su variante fiscal, podría estar amparada por la Constitución española bajo la forma de libertad de conciencia», reza la web. Además, recuerda «un precedente a favor de la objeción fiscal» por parte del TSJC en 2006, cuando se anuló una sanción de Hacienda al considerarse que no se tenía la intención de cometer fraude fiscal.
«Sin embargo, sabemos que sentencias pasadas no garantizan su aplicación [de la objeción fiscal independentista] presente ni futura», concluye el Consell.
Por otra parte, la Justicia belga anunció este martes que emitirá la decisión sobre la extradición del exconseller Lluís Puig, fugado en Bélgica desde 2017 y acusado de malversación en el caso del referéndum ilegal del 1-O, el próximo 7 de agosto.
El propio dirigente independentista, que fuera responsable de Cultura bajo la Administración de Puigdemont, fue el que anunció la nueva vista después de personarse en los juzgados belgas, a los que había acudido para dilucidar el alcance de la euroorden tramitada por el juez Pablo Llarena. «Hemos estado disctiendo la capacidad del juez belga para valorar las competencias del juez español», señaló.
