Puigdemont se aferra a su acta de diputado pese a la suspensión de Llarena
Torra dice que no se pedirá a ningún diputado que renuncie en virtud de la suspensión de Llarena, lo que dejaría al independentismo en minoría en el Parlament
Los cuatro diputados de Junts per Catalunya (JpC) afectados por la suspensión dictada por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena no tienen intención de renunciar a sus escaños, empezando por Carles Puigdemont., cuyo abogado, Jaume Alonso Cuevillas, entrevistado en RAC-1, dijo que el expresidente de la Generalitat no tiene previsto renunciar a su escaño.
En esa misma línea, el sucesor de Puigdemont al frente de la Generalitat, Quim Torra, fue categórico este miércoles. «No le pediremos a ninguno de nuestros diputados que abandone el acta». Torra se refiere a los de los dos partidos que integran su gobierno, aunque ERC, que tiene en la misma situación al exvicepresidente Oriol Junqueras y el exconseller Raül Romeva, es menos rotunda, si bien esa es una opción que los republicanos tienen sobre la mesa.
El rechazo del independentismo a la resolución es frontal; lo que está por ver, como en tantos otros asuntos, es cómo se vehicula la respuesta para tratar de esquivar la orden del juez. La suspensión, que se dicta porque el procesamiento de los acusados en la causa del procés ya es firme, la dictó Llarena el martes, y no implica, como el mismo magistrado deja claro en su auto, que los diputados deban renunciar al acta. Pero si no lo hacen, el bloque independentista quedaría en minoría.
JpC pretende elevar la decisión al pleno de la cámara catalana, para que sea quien la vote
JpC pretende elevar la decisión sobre la suspensión al pleno de la cámara catalana, para que sea quien la vote, remitiéndose a la «soberanía del Parlament» y, más en concreto, al reglamento del mismo, que establece que un diputado puede ser suspendido si es procesado y si así lo acuerda el pleno por mayoría absoluta.
El soberanismo sumó este miércoles para su causa contra Llarena al Síndic de Greuges (el defensor del pueblo catalán), Rafael Ribó, que consideró el auto del juez «inaplicable» y alego que la suspensión prevista en la ley de enjuiciamiento criminal solo solo rige en caso de delitos equiparables a los de terrorismo. Se trata de la misma tesis que defiende el abogado de Puigdemont, Jaume-Alonso Cuevillas en base a una sentencia del Constitucional del año 87.
Las defensas recurrirán
La intención de las defensas de los procesados es recurrir la decisión, y los partidos independentistas estudian dos opciones: o bien alegar que mientras el recurso no se resuelva la resolución no es firme y por tanto tampoco aplicable, o renunciar temporalmente a los votos de esos seis diputados. Eso dejaría a JpC y ERC con 60 votos. O, mejor dicho, con 59, porque los republicanos llevan desde finales de mayo sin usar el voto delegado de Toni Comín, expatriado en Bruselas, precisamente para evitar caer en un uso ilegal del mismo.
Si a esos votos se les suman los cuatro de la CUP, el bloque soberanista cuenta con 63, lejos de los 68 que marcan la mayoría absoluta. JpC y ERC podrían optar, eso sí, por evitar llevar al pleno asuntos espinosos y referidos estrictamente al proceso independentista mientras durara la situación, y para las demás cuestiones, jugar a la geometría variable.
JpC pide un «frente común»
En todo caso, está previsto que la Mesa del Parlament aborde este jueves la situación, y decida si somete la decisión a una votación en el pleno. La portavoz de JpC, Gemma Geis, pidió en una entrevista en Catalunya Radio al PSC y Catalunya en Comú Podem que se sumaran a un «frente común» contra la decisión de Llarena.
Los comunes evitaron posicionarse, a la espera de lo que concrete la mesa, pero el secretario general del PSC, Miquel Iceta, cerró esa puerta: «Las resoluciones judiciales hay que respetarlas» y «no se votan en los parlamentos», dijo en en una visita a Girona, según informa EFE. Iceta, además, se remitió al informe que el presidente del Parlament, Roger Torrent, ya ha anunciado que encargará ad hoc a los servicios jurídicos de la cámara, a la que este miércoles por la tarde todavía no se le había notificado la resolución de Llarena, según fuentes parlamentarias.
Cs y PP fueron rotundos. La líder del partido naranja, Inés Arrimadas, calificó de «atrocidad» que el pleno llegue a votar la suspensión. Y el de los populares, Xavier Garcia-Albiol, consideró esa posibilidad «propia de regímenes totalitarios».
