Una reforma de la sanidad vía Constitución sin rastro ni consenso
La reforma constitucional para blindar la sanidad que defiende Sánchez no figura en ningún documento del PSOE ni de Podemos. "Un brindis al sol", dice el PP
La última idea de Pedro Sánchez, la de reformar la Constitución para «blindar» la sanidad pública, no guarda rastro alguno ni en los documentos estratégicos del PSOE, ni en los de Podemos ni en su acuerdo de gobierno. No hay huella alguna de una reforma de semejante envergadura, ni tampoco se ha producido algún contacto del PSOE con el PP (imprescindible para llevar a cabo una modificación de la Carta Magna).
«Probablemente tengamos que hacer una reforma de nuestra Constitución para blindar la sanidad pública», dijo Sánchez al término de la presentación, este martes, de su plan de desescalada del confinamiento por el coronavirus. El presidente del Gobierno sostuvo que la recién planteada reforma sanitaria ya se había recogido en «el acuerdo del Gobierno de coalición» con Unidas Podemos y aseguró que «incluso me presenté a las elecciones con ello».
Pese a sus afirmaciones, los documentos desmienten que Sánchez llevara en sus programas electorales de 2019 la propuesta concreta de una reforma constitucional para blindar la sanidad pública, así como tampoco se recoge esta iniciativa en los programas de Unidas Podemos ni en el acuerdo de coalición que dio luz verde a su Gobierno con Pablo Iglesias. En estos documentos había muchas propuestas de reformas, pero ninguna constitucional relativa a la sanidad pública o el Sistema Nacional de Salud.
Tampoco ha habido ningún tipo de aproximación al PP para sondear la posibilidad de una reforma. «Es un brindis al sol, otro más. Es la manera de querer presentarse como el gran protector de la sanidad pública justo cuando más desprotegidos se han sentido nuestros sanitarios», dicen los populares.
El acuerdo de PSOE y Podemos divulgado a finales de diciembre de 2019 solo recoge una propuesta de reforma constitucional y es para limitar los aforamientos políticos. Respecto de la sanidad, Sánchez e Iglesias planteaban hace cuatro meses revisar la Ley 15/1997 (que habilitó nuevas formas de gestión del SNS) y «el conjunto de los mecanismos normativos que abren la puerta a privatizaciones del sistema». También esbozaron, tanto juntos como separados, distintos mecanismos para fortalecer la sanidad.
No obstante, el planteamiento de una reforma constitucional en este sentido es improvisado y no se recoge en lo que proyectaban los partidos del Gobierno hace más de un año de cara a las elecciones del 28 de abril. Por entonces no había discusión con lo que ya contempla la Constitución, que es el reconocimiento del «derecho a la protección de la salud» (artículo 43).
La sanidad en el acuerdo PSOE-Podemos
Socialistas y morados vieron después del 10-N un punto de encuentro en la sanidad, y así lo refleja el acuerdo de coalición que cerraron en la última semana de 2019. «Proteger los servicios públicos», en general, fue una de las banderas de aquel documento. «Avanzaremos en el blindaje de nuestro sistema público de salud, apostando por una sanidad que se base en la gestión pública directa», reza el texto, en línea con los mensajes que se lanzan en el presente, salvo por la necesidad de una reforma constitucional.
Entre otras medidas, plantearon eliminar progresivamente los copagos introducidos en 2012 en el sistema sanitario, introducir la atención de salud bucodental en la cartera de servicios del SNS, y garantizar homogeneidad en el acceso universal al SNS en todas las comunidades autónomas. También apostaron por incrementar la inversión en la sanidad pública hasta el 7% del PIB en 2023, un porcentaje que proponía ya el PSOE antes del 10-N y que es cinco décimas menos de lo que Unidas Podemos pedía en su programa.
El acuerdo también optaba por la «renovación de la tecnología sanitaria» del SNS, defendiendo que «su inclusión es el único modo de garantizar que la innovación beneficie a toda la ciudadanía de forma equitativa». Y añadía: «Apostaremos por la digitalización sanitaria, lo que contribuirá de forma decidida a la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud evitando duplicidades en la realización de pruebas diagnósticas, así como a consolidar un nuevo modelo productivo basado en el conocimiento y la investigación».
Cabe recordar que este es el acuerdo al que llegaron Sánchez e Iglesias después de las segundas elecciones generales de 2019. Tras los primeros comicios, los de abril, cuando las negociaciones de la coalición no llegaron a buen puerto, el líder de Podemos rechazó el Ministerio de Sanidad, que le ofrecía el PSOE. El secretario de acción de gobierno de la formación morada, Pablo Echenique, defendió la postura del ahora vicepresidente segundo afirmando que el citado departamento estaba «vacío de competencias».
Los programas
La sanidad pública fue uno de los puntos fuertes de los programas electorales del PSOE y Unidas Podemos ante el 28-A y el 10-N, pero con matices. Entre unos comicios y otros, los socialistas realizaron cambios fundamentales a su programa electoral, mientras que los de Iglesias presentaron prácticamente el mismo proyecto de cara a ambas consultas. Los morados proponían desde hace más de un año frenar «la mercantilización de la sanidad» para que dejara de ser un bien «con el que hacer más dinero».
Por su parte, la formación de Sánchez culpaba al PP de todos los males sanitarios. «Las políticas sanitarias se han resentido debido a las decisiones adoptadas por los gobiernos del PP», rezaba su programa del 28-A, aludiendo a los recortes, las políticas de austeridad y la supresión del derecho universal al sistema de salud. La privatización en algunas comunidades autónomas también fue una de las críticas del PSOE, que dijo entonces que «aún queda mucho por hacer para revertir los efectos» de estas decisiones.
Los socialistas se inspiraron en Podemos al elaborar su programa para el 10-N. Antes de las elecciones de abril, los de Iglesias proponían incrementar la inversión en servicios públicos a una cifra «propia de otros Estados de la zona euro». En la carrera hacia las elecciones de noviembre, el PSOE optaba por la renovación del SNS y el aumento de los recursos, «alcanzando una inversión en servicios públicos análoga a la de otros Estados de la zona euro», que situaba en el 7% después acordado con su socio de Gobierno.
Un asunto en el que el PSOE fue más visionario que Podemos es la «modernización del sistema de control y vigilancia epidemiológica para disminuir los riegos de enfermedades emergentes y promover el control de las enfermedades crónicas», que se recogía en su programa del 28-A. Sánchez apostaba en aquel entonces por potenciar el sistema actual de alertas epidemiológicas, «en estrecha colaboración con las comunidades autónomas y la Unión Europea». Sin embargo, el coronavirus se adelantó a estos planes.
