El PSC maquina una aplicación ‘light’ de la ley de Seguridad Nacional
Los socialistas catalanes consideran que la ley de Seguridad Nacional debe limitarse a la supervisión de los Mossos d’Equadra
El gobierno de Pedro Sánchez actuará sin titubeos: si los Mossos d’Esquadra pierden el control del orden público en Cataluña cuando se haga pública la sentencia del juicio del procés, se aplicará sin dilación la ley de Seguridad Nacional (LSN).
Aplicarán la LSN únicamente para supervisar y coordinar a los Mossos d’Esquadra. No se destituirá al comisario en jefe de la policía autonómica catalana, Eduard Sallent, aunque este deberá seguir las directrices de un “mando táctico” designado por el Gobierno central, según detallan fuentes socialistas. Precisamente, este mando garantizará la coordinación de los Mossos con las demás fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Los socialistas catalanes de Miquel Iceta trabajan sobre este escenario. Intentan convencer al gobierno de Sánchez y al PSOE de que no actúen como el PP cuando, el 26 de octubre de 2017, aprobó la aplicación del artículo 155 de la Constitución para cesar al ejecutivo de Carles Puigdemont.
El PSC da prácticamente por hecha la aplicación de la ley de Seguridad Nacional en Cataluña, pero quiere evitar que el Gobierno envíe “un nuevo Roberto Bermúdez de Castro” para supervisar a los Mossos, en referencia al ex secretario de Estado de Administraciones Territoriales de Mariano Rajoy que se instaló en Cataluña para ejecutar el 155.
Fuentes socialistas consideran que el ejecutor sobre el terreno de la ley de Seguridad Nacional no debería ser un secretario de Estado, ni un alto cargo del Ministerio del Interior, ni siquiera un mando del Cuerpo Nacional de Policía ni mucho menos de la Guardia Civil: sería preferible un político, catalán y con capacidad de tender puentes con todos los partidos, incluidos los independentistas. Este perfil contribuiría a reducir la tensión. Y también pondría las cosas más fáciles a los socialistas de cara a las elecciones generales del 10-N.
Un cargo con demasiado peso
La delegada del Gobierno en Cataluña, la socialista Teresa Cunillera, tampoco cuadra con el perfil. A su entender, ser la representante del Gobierno, así como de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en Cataluña, no contribuiría a rebajar la tensión. Su cargo pesa demasiado.
No solo intentan evitar a un nuevo Bermúdez de Castro, sino también a otro Enric Millo, delegado del Gobierno del PP en Cataluña antes y después de la aplicación del artículo 155. Para los socialistas, no son modelos a seguir para gestionar conflictos políticos en Cataluña.
En los círculos socialistas se apunta que el diputado Carles Castillo, que lleva las políticas de seguridad en el parlamento catalán, cobrará protagonismo en las próximas semanas. No tiene por qué ser el enlace del Gobierno que se encargue de la supervisión de la actuación de los Mossos, pero puede facilitar la gestión de la crisis.
Reuniones con los políticos presos
Castillo fue el primer dirigente del PSC que se reunió con el republicano Oriol Junqueras en la cárcel. El encuentro se produjo en marzo de 2018 en el centro penitenciario de Estremera (Madrid). Entonces, Pedro Sánchez aseguró que la visita de Castillo a Junqueras era un asunto “estrictamente personal”.
Posteriormente, en noviembre del año pasado, los alcaldes de Cornellà, Antonio Balmón, y de San Joan Despí, Antoni Poveda, se reunieron con diversos políticos presos en la cárcel de Lledoners (Barcelona). Concretamente, con Oriol Junqueras, Raül Romeva, Josep Rull y Joaquim Forn. Tanto Balmón como Poveda forman parte de la dirección del PSC.
El PSC maniobra ante el Gobierno para una aplicación ‘light’ ley de Seguridad Nacional. Si esta medida es irremediable para atajar posibles alteraciones del orden público, apuestan para circunscribirlo a la actuación de los Mossos.
Con la LSN no se puede quitar el mando de los Mossos a la Generalitat, pero pueden supervisar su actuación y obligar, en caso necesario, a que se coordine con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado.
El gobierno de la Generalitat nombró esta semana un nuevo director general de Policía. Pere Ferrer sustituyó a Andreu Martínez, que dejó el cargo un día antes del 1 de octubre, cuando se cumplieron dos años del referéndum.
Martínez presentó su dimisión el 27 de septiembre. El consejero de Interior, Miquel Buch, tardó tres días en sustituirlo porque no encontró quién asumiera el cargo con garantías a las puertas de la publicación de la sentencia del juicio del procés. Finalmente, optó por Ferrer, hasta entonces su jefe de gabinete. Fue una decisión de urgencia. Probablemente, a raíz de esta sentencia se desencadenará una oleada de protestas que pueden llevar al Gobierno a aplicar la Ley de Seguridad Nacional.
