Primer revés de los tribunales internacionales contra el «procés»

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo (TEDH) ha declarado “inadmisible” el recurso presentado por una responsable electoral del referéndum ilegal del 1 de octubre. Se trata del primer revés de los tribunales internacionales contra el «procés». Montserrat Aumatell y Arnau, la mencionada responsable electoral, fue sancionada por el Tribunal Constitucional por su implicación en el 1-O.

Los jueces, entre los que destaca la española María Elosegui, desestimaron todas las alegaciones de Aumatell por unanimidad tras acordar que, aunque el Constitucional no le informará personalmente, esto no le impidió tener conocimiento de la decisión del Tribunal: “ella sabía que la consulta podía resultar en multas y procedimientos penales”, declaró el Tribunal.

El Tribunal Constitucional notificó un requerimiento judicial a los miembros de la sindicatura electoral, entre los que se hallaba Aumatell  

El pasado 13 de septiembre de 2017, tras la designación de los miembros de los colegios electores para la consulta ilegal, el Tribunal Constitucional suspendió la resolución del Parlamento Catalán, notificándoles personalmente un requerimiento judicial a todos los miembros de la sindicatura electoral.

Tras darles 48 horas para explicarse y ante, según el Tribunal Constitucional, “la pasividad de sus miembros”, el 20 de septiembre de 2017 el Tribunal Constitucional impuso una multa coercitiva diaria de 6.000 euros a todos los miembros de la sindicatura electoral, entre los que se hallaba Aumatell.

Horas más tarde, Aumatell fue informada de la resolución a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) y dimitió de su puesto el mismo día. El 14 de noviembre, tras constatar la dimisión, los jueces del Constitucional decidieron desactivar todas las multas.

Denuncia desestimada por el TEDH

A pesar de la decisión del Tribunal, Aumatell que fue designada por la junta electoral central del 1-O por la circunscripción de Tarragona, presentó el 29 de noviembre de 2017 ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo una denuncia alegando haber sido perseguida por «motivos políticos».

Asimismo, la miembro de la sindicatura electoral denunció que el Tribunal no le notificó en persona la multa diaria.

Los magistrados europeos, sin embargo, creen que no se vulneró su derecho a un juicio justo por no haber sido informada “personalmente” de la amenaza de sanciones: “Aumatell había sido personalmente notificada de las decisiones del Tribunal Constitucional español previas a la resolución”.