¿Por qué no llega el Fondo de Liquidez a las autonomías?
La Generalitat reclama un anticipo urgente que el PP cifra en 120 millones de euros
Septiembre del 2012. Los pagos se incrementan. Los ingresos siguen en caída libre. Y las comunidades autónomas agonizan, porque de los gobiernos autonómicos dependen en gran medida los principales servicios que reciben los ciudadanos, como Educación, Sanidad y servicios sociales.
Catalunya ha dejado claro que necesita liquidez de inmediato. También Andalucía y Valencia. Pero el recurso del gobierno central, el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA), aprobado en julio, sigue sin constituirse.
La Generalitat, que se ha acogido y que ha pedido 5.023 millones de euros, para hacer frente a sus exigencias de financiación hasta final de año, insiste en que se debe acelerar el proceso. O, en caso contrario, reclama recibir un anticipo cuanto antes. Valencia ha pedido más de 4.500 millones de euros, después de que inicialmente reclamara 3.500, en un cálculo sorprendente de última hora. Andalucía, por su parte, necesita de forma urgente hasta 1.000 millones de euros.
Negociación con los bancos
El Fondo de Liquidez Autonómica estará dotado con 18.000 millones de euros, de los que unos 8.000 los aportarán las entidades financieras privadas. El Gobierno se compromete con 4.000 millones y ha conseguido reunir hasta 6.000 millones gracias al fondo de Loterías y Apuestas del Estado. El Gobierno insiste en que el FLA se pondrá en marcha “en breve”, pero los gobiernos autonómicos siguen sin conocer los detalles de esos créditos y las nuevas exigencias que deberán cumplir.
La cuestión es que es su única fuente de financiación en estos momentos, ante la imposibilidad de acudir a los mercados financieros internacionales. Como gráficamente ha dejado claro el conseller de Economia Andreu Mas-Colell, el único banco de la Generalitat en estos momentos es el Banco de España.
Entonces, ¿por qué no fluyen esos recursos hacia las autonomías? ¿Por maldad, para ahogar definitivamente el modelo autonómico, como argumentan algunos círculos políticos nacionalistas? Fuentes financieras y políticas consideran, en cambio, que el Gobierno está negociando con los bancos, y que éstos podrían están reclamando algunas condiciones para asegurarse que acabarán cobrando los 8.000 millones de euros que deberán destinar al FLA.
Luchas partidistas
La cuestión es que el Gobierno español, a la espera de que las autoridades europeas y, principalmente, el Banco Central Europeo que preside Mario Draghi, reduzcan la presión sobre la deuda española, no puede acudir al mercado. Y necesita a las entidades financieras españolas, inmersas todas ellas en un nuevo proceso de fusiones, para aliviar la situación de las autonomías.
Pero mientras el Gobierno de Mariano Rajoy trata de convencer a los bancos, la Generalitat ha protagonizado un nuevo episodio que evidencia también la lucha partidista. La presidenta del PP catalán, Alicia Sánchez Camacho, ha anunciado que el Gobierno y el Ejecutivo catalán han acordado un anticipo de 120 millones de euros para hacer frente a pagos inmediatos, en una clara demostración de fuerza, de que es el PP el que está salvando el día a día de la Generalitat, justo en vísperas de la Diada, que se plantea este año como una manifestación de signo independentista.
Sistema de financiación
La cifra, sin embargo, no se ha acordado todavía y las negociaciones se mantienen. Se trata, como en otras ocasiones, de anticipos del Gobierno sobre los pagos que realiza periódicamente para cumplir con el sistema de financiación. Pero se trata de una situación muy precaria, en contra de los deseos de Mas-Colell, que lleva desde el inicio de su mandato reclamando un mecanismo de liquidez que no deje en la estacada a las autonomías.
Su idea, como en su momento también planteó el exconseller Antoni Castells, sigue siendo la de los hispabonos, unos bonos compartidos entre Gobierno central y autonomías que buscaran inversores en los mercados internacionales, como han empezado a hacer en Alemania. Los länder se benefician de los bajos intereses que paga el gobierno federal por emitir deuda.
Pero en el caso español, ni el propio gobierno central tiene opciones ahora mismo, a no ser que pague unos intereses inasumibles, de colocar deuda en el mercado.