PSOE y Podemos registran una propuesta para limitar las capacidades del Poder Judicial

Los dos partidos del Gobierno, el PSOE y Unidas Podemos, han registrado este miércoles una proposición de ley para limitar las funciones del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) cuando haya caducado su mandato.

Esta nueva medida fue descartada por los socialistas porque desató el malestar de varios vocales del CGPJ, incluido su presidente Carlos Lesmes, porque busca impedir que el Poder Judicial en funciones pueda realizar nombramientos de jueces. 

Se trata de una iniciativa que ya intentó colar el partido de Pablo Iglesias en la anterior propuesta, que los socialistas aseguran mantener congelada a la espera de un acuerdo con el PP. Los dos grupos parlamentarios pretenden debatir esta iniciativa antes de que finalice este año. Es decir, podrían incluirlo en el orden del día del Pleno del Congreso del próximo día 15 de diciembre. 

Se trata de un pacto que Iglesias y Carmen Calvo acordaron este martes por la noche, después de que la vicepresidenta primera llevara días hablando de esta cuestión con el presidente Pedro Sánchez, aseguran a ED fuentes gubernamentales. 

Tal y como publicó Economía Digital, estaba previsto que en las próximas semanas se designen seis plazas de magistrados en el Tribunal Supremo. Lesmes propuso al Pleno del órgano de gobierno de los jueces seguir con los nombramientos de magistrados a la espera de un acuerdo inminente entre PSOE y PP. 

Impedir nuevos nombramientos 

Mientras tanto, los vocales están dispuestos a seguir haciendo designaciones con el mayor consenso posible. Sin embargo, la nueva propuesta de PSOE y Podemos podría impedirselo, ya que elimina la facultad de nombrar al Presidente del Tribunal Supremo, a Presidentes de las Audiencias, de los Tribunales Superiores de Justicia o de la Audiencia Nacional

En el próximo pleno, que se iba a celebrar próximamente, se iban a designar a los magistrados que sustituyan a Antonio Salas Carceller, magistrado de la Sala Civil del Supremo que se jubiló recientemente, así como al magistrado Eduardo Baena Ruiz, que dejó también la Sala Primera por el mismo motivo, así como en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal se jubilarán los magistrados Jorge Rodríguez-Zapata y Javier Borrego.

Además, el CGPJ también está pendiente en estos momentos de designar al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y al presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. También se encuentra vacante la presidencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Nacional tras la marcha del magistrado Ricardo Bodas al Alto Tribunal.

Según han informado fuentes del grupo parlamentario de Unidas Podemos, el argumento para defender esta iniciativa es que un órgano caducado no debería tomar decisiones importantes cuando está en funciones y por eso buscan acabar con esta «anomalía».

Según las mismas fuentes, la presentación de esta iniciativa no implica la retirada de la otra proposición de ley con la que los partidos del Gobierno pretenden cambiar el sistema de renovación para que una parte de los magistrados sean elegidos por mayoría absoluta del Congreso y no por dos tercios, como hasta ahora. 

Objetivo: presionar al PP

El objetivo de los socialistas con esta nueva medida es el de presionar al PP. Tanto desde Justicia como desde el propio Gobierno aseguran que el acuerdo está prácticamente sellado, a la espera de que lo ratifique el partido de Pablo Casado. Sin embargo, estos últimos lo niegan y descartan que se vaya a producir ningún acuerdo en diciembre.

Precisamente, mediados de diciembre es la fecha límite que dan los socialistas a los populares para llegar anunciar el pacto. Este viernes se cumplen dos años con los órganos judiciales bloqueados y, además, porque el plazo para el cupo legislativo exige a los socialistas continuar en el Congreso con su reforma o bien retirarla. 

Si los populares no admiten estas presiones, los socialistas podrían continuar con su reforma, que sería aprobada con su socio de Gobierno, Unidas Podemos, y los socios de investidura. Lo que facilitaría la entrada de vocales propuestos por ERC, PNV, Bildu y Podemos. Es el plan de Iglesias desde el principio, publicado por Economía Digital. De esta manera, el vicepresidente segundo tendría, incluso, más cuota en la elección de los magistrados y se vería reforzado dentro del Gobierno.